Las piedras tope que aún tiene la reforma penal adolescente

SANTIAGO.- El 17 de abril de 2007 el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, ante la comisión de C onstitución, Legislación y Justicia del Senado, precisó que la Reforma Penal Adolescente (RPA), si bien partiría el 8 de junio, su consolidación y perfeccionamiento se darían en un plazo mayor. Hoy, dos años y medio después de esa fecha, fiscales, defensores y un experto en el tema explican las cinco vallas que aún tiene el sistema.

La directora de Paz Ciudadana, Francisca Werth, el jefe de la Unidad Penal de la RPA de la Defensoría Nacional, Gonzalo Berríos y la directora de la Unidad de RPA de la Fiscalía Nacional, Cecilia Ramírez, coincidieron en que la principal piedra de tope para el buen funcionamiento del sistema es la falta de especialización.

Werth precisó que este aspecto era el que estaba mejor implementado cuando empezó a regir la RPA, sin embargo, a estas alturas, se ha ido perdiendo.

“Uno debería pensar que después de dos años, esto se debió haber extendido cada vez más (...) y eso no ha pasado, está ocurriendo el fenómeno inverso, (las especializaciones) se han perdido progresivamente”, dijo la directora de Paz Ciudadana.

Berríos comentó que su unidad cuenta con 50 defensores juveniles especializados, que logran cubrir el 65% de la demanda, de hecho asegura que son los “únicos” expertos dentro del sistema.

“Nosotros hemos mantenido el mismo presupuesto desde que partió la ley, en ese sentido, (Francisca Werth) sí tiene razón porque como son más casos, hay más demanda (...) pero nos falta un 35% de especialistas”, comentó Berríos.

En ese sentido, aclaró que anualmente sólo cuentan con $1.300 millones, e idealmente se requieren $2 mil, “para poder llegar a todos los casos”.

Ramírez también reconoce que la cantidad de fiscales especializados es baja en relación a la necesidad del sistema. “En este minuto no se puede, por un tema de recursos, tener fiscales con dedicación exclusiva en RPA (...), pero no contar con un fiscal con resolución ‘experto’, no significa que no esté capacitado”, aseveró.

Si bien la ley establece que deben haber 22 fiscales especializados, según la demanda actual, “se requieren al menos 100”.

La rehabilitación y reinserción aparece de manera reiterativa en cada informe que se presenta sobre las falencias de la RPA, para Francisca Werth, el problema se centra en la discrepancia sobre los conceptos básicos educacionales que se deben impartir en los centros cerrados.

“Hay problemas sobre qué se entiende respecto a la educación que se quiere entregar a los jóvenes infractores, que es una población bien específica en sus necesidades”, recalcó.

En tanto, para Cecilia Ramírez, las principales falencias de esta arista se presentan en el 30% de los menores reincidentes. “La intervención que se les está dando, por defectos de implementación o por defectos de la ley, está teniendo problemas, ya que hay adolescentes que presentan tres o cuatro pasadas por el sistema penal”.

Además, Werth precisó que hay un problema importante de gestión, que requiere mayores niveles de coordinación entre los órganos interventores.

“Esta gestión depende del Sename porque los centros están administrados por éste (...). Pero lo que le ha faltado al Ministerio de Justicia es liderazgo porque el Sename es dependiente”, aseguró la directora de Paz Ciudadana.

Faltan estudios de diagnóstico delictivo

Para Gonzalo Berríos, de la Defensoría Nacional, la aplicación de la RPA no está siendo la adecuada, ya que sigue teniendo un uso excesivo de la privación de libertad, “con eso se gastan recursos, se daña a los jóvenes y se pierde tiempo en vez de empezar el proceso de reinserción”.

Asimismo, afirmó que el sistema es muy restringido en las salidas alternativas y en algunas ocasiones, se ha faltado al derecho de los menores, de contar con un abogado en cada diligencia.

“Cuando hay un uso excesivo de la privación de libertad es porque la ley lo permite. Cuando hay pocas salidas alternativas es porque la ley es tímida. Cuando no se exige la especialización es porque la ley abrió la puerta para que los fiscales y jueces no fueran especializados”, enumeró Berríos.

Otra deficiencia, que Cecilia Ramírez, de la Fiscalía Nacional, detalló es la falta de instrumentos de diagnósticos precisos, que permitan diferenciar con qué tipo de adolescente están tratando, cuál es su compromiso delictual y cómo determinar el castigo más adecuado.

“Falta un estudio general sobre cuál es el fenómeno de la delincuencia juvenil en Chile, que nos permita conocer cuáles son los factores de riesgo que influyen en la comisión de un delito adolescente”, afirmó Ramírez.