Informe revela importantes deficiencias en programas de intervención del Sename

SANTIAGO.- Derivaciones inadecuadas de menores a los centros del Sename y falta de claridad en los programas de intervención de dicho organismo, son dos de los principales problemas que detectó la mesa de trabajo compuesta por miembros de los Tribunales de Familia y del Sename, tras revisar cuatro mil causas de adolescentes.

La comisión -a cargo de la magistrada del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, Mónica Jeldres y de representantes del Sename- comenzó el análisis producto del colapso en la red del Servicio de Menores, el cual se reflejó en la suspensión de audiencias por los extensos tiempos de espera de los programas que deben recibir a los niños.

De hecho, los Centros de Diagnóstico Ambulatorio (DAM) tenían una lista de espera de ocho meses; mientras que en los programas de intervención y reparación especializada, la demora en la atención era de casi un año.

Otras de las deficiencias comprobadas por la comisión, fueron la falta de claridad en el concepto de “grave vulneración de derechos”; la destinación de las familias a más de un taller, provocando la sobre-intervención y por ende, el uso de más recursos; y la victimización secundaria, al mantener a los niños en una lista de espera, sin ser intervenidos.

Con el desarrollo del estudio también se revelaron otras insuficiencias, principalmente relacionadas con el cruce de datos que manejan los Tribunales de Familia, respecto a los menores que ingresan a los centros de intervención, el cual no coincide con los antecedentes que registra el Sename.

Asimismo, la comisión acreditó que los Tribunales sólo visitan a los menores que están albergados en residencias de su jurisdicción, pero no a aquellos que ajenos a ésta, es decir, hay niños que nunca son visitados.

Las propuestas que planteó la comisión, para subsanar los problemas fueron la unificación de un código único entre Tribunales de Familia y Sename; modificar el sistema de visitas a los centros residenciales; y establecer criterios equitativos entre los jueces, para las causas de protección, violencia intrafamiliar e infracción de Ley.