Abogado de mujer con cáncer: Su terapia actual es sólo un "experimento médico"

SANTIAGO.- "La señora Virginia Marcell es un conejillo de indias de la experimentación científica", sostiene su abogado, Lorenzo Soto. Con esta cruda afirmación se opone al argumento con el que la Corte Suprema decidió negarle su petición  de que el Estado financie un costoso medicamento oncológico basándose en que la mujer ya era tratada en la Fundación Arturo López Pérez.

Pero el abogado aclara que la terapia a la que alude el fallo -que la mujer recibe desde octubre pasado- "es de carácter experimental" y "sus efectos no están comprobados". "Es un tratamiento que se está probando y en la fundación lo aplican como un experimento para poder entrar en el mercado con este fármaco", afirma Soto.

Detalla que la paciente debió firmar un documento donde declaraba conocer la situación y daba su consentimiento para que se lo aplicaran. "A ella se lo ofrecieron gratuito, pero es un negocio en el fondo. Le dicen 'queremos probar tal cosa, te lo damos gratis, no sabemos si te va a servir'", señala.

Afirma que ella accedió porque "estaba en una situación extrema" luego de que el Ministerio de Salud se negara a entregarle gratuitamente el medicamento "Sutent", que era el que requería para prolongar su vida por algunos años. "Tuvo que recurrir a lo que tenía a la mano en ese momento y fue el Estado el que la puso en esa posición extrema", acusó el abogado.

El medicamento que le fue recetado a Virginia Marcell en el sistema público tiene un valor de $3.900.000 al mes y, según lo recetado, debía ingerirlo durante 8 meses. Dicho costo no puede ser solventado por la paciente, de 57 años, quien tiene una pensión de $140.000.

Por este motivo, el abogado denunció que tras el fallo de la Suprema, la mujer "está obligada a quedarse con un experimento que, ni más ni menos, es un experimento con su propia vida" y opinó que "es absolutamente irresponsable que la autoridad sanitaria tenga que obligar a decidir sobre la vida de una persona con un experimento".

"El único tratamiento que le sirve es el que le negaron"

El abogado criticó que para emitir su resolución la Corte Suprema se haya basado sólo en el informe médico que solicitó al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, según el cual el "Sutent" y el tratamiento que recibe en la fundación -con "Bevacizumab" e "Interferon"- tienen efectos similares y ambos están reconocidos internacionalmente.

Estos argumentos fueron rechazado por el abogado, que afirmó que el protocolo de la Fundación Arturo López Pérez "dice que su tratamiento es de carácter experimental y que no está aprobado por la FDA, mientras que el 'Sutent' sí está aprobado. Yo no sé bajo qué condiciones el informe afirma eso, sólo dice que está aprobado internacionalmente y que tiene la misma eficacia que el otro y punto, pero no da fundamentos, no dicen dónde ni cómo ni cuándo".

Sostiene que, por el contrario, un informe pericial que ellos solicitaron al Hospital de la Fuerza Aérea, y que presentaron como prueba ante la Corte, establece que "el tratamiento que ella necesita es el que se le negó, el 'Sutent', y sólo en una segunda línea se podría pensar en otro tratamiento".

"El 'Sutent' es el tratamiento idóneo y pertinente para su caso, es el que de acuerdo a la medicina hoy día se le tiene que aplicar como el óptimo para poder prolongar y mejorar su calidad de vida", remarcó el abogado, que lamentó que la Corte le diera "toda la credibilidad y el mérito" al informe de la Universidad de Chile "en desmedro de otros antecedentes que obran".

Evalúan llevar el caso a la Corte Interamericana de DD.HH.

Tras el fallo adverso de la Corte Suprema, el abogado indicó que una de las acciones que se encuentran estudiando es acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que resolverán a más tardar la próxima semana.

"Ésa es una posibilidad que está siendo evaluada. Es un mecanismo que toma su tiempo, es un sistema complejo y hay que ver es si efectivamente con esa acción se puede obtener algo", indicó.

En ese sentido, detalló que "si se usa esa vía, habría que pensarlo a través de una medida cautelar, que permita tener una resolución inmediata", en que el tribunal "podría ordenarle al Estado inmediatamente entregarle el tratamiento" a la paciente.