SANTIAGO.- Suma urgencia le dio el Gobierno al proyecto de ley que establece el uso obligatorio de brazaletes electrónicos, para los condenados con medidas alternativas. La idea es que durante enero se avance en la discusión y en marzo el Senado lo revise.
El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, junto al diputado e integrante de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Jorge Burgos, explicó que esta iniciativa “permite mejorar una cuestión que es bien sensible para la ciudadanía: el control de las medidas alternativas”.
Asimismo, precisó que el uso del brazalete esta pensado para los delincuentes que no han cometido delitos de mayor gravedad y por ende, en vez de ir a prisión, quedan en libertad, pero con un control limitado.
Con esta iniciativa, por primera vez, se establece un sistema de monitoreo electrónico para las personas que cumplen condena. Se trata de una pulsera con GPS, que permite conocer la ubicación exacta del delincuente.
“Este proyecto es una buena cosa desde el punto de vista de dar tranquilidad a la gente respecto de que no haya reincidencia, ni impunidad”, por la falta de control de las condenas en libertad, dijo Burgos.
Además, aseguró que en el país hay más de 50 mil personas privadas de libertad -por medidas cautelares o condenadas- y un número similar de personas que cumplen penas a través de los beneficios carcelarios, como remisión condicional, reclusión nocturna y libertad vigilada.
Respecto al financiamiento de esta medida de control, el diputado comentó que partirán con un presupuesto de $6 mil millones, pero que se requiere el doble.