Con multa a empresa, la Corema dio por terminada exploración geotérmica en El Tatio

ANTOFAGASTA En un clima tenso por las protestas de indígenas y grupos ambientalistas, y luego de más de dos horas de sesión, la Corema en votación unánime resolvió ayer multar en 5.500 UTM ($204.770.500) a la Empresa Geotérmica del Norte por los daños causados por sus exploraciones en los géiseres de El Tatio.

La multa es la más alta impuesta por una Corema en el país (la anterior era de 2.700 UTM) a una empresa en materia medioambiental.

El intendente (s) Pablo Toloza señaló que "cada una de las once infracciones detectadas por los servicios de competencia medio ambiental (Conaf, SAG, Sernageomin, Sernatur, entre otros) fueron sancionadas con el máximo que establece la ley, que son 500 UTM".

"La Corema estableció que hubo un actuar negligente de la empresa y era la forma más rápida para asegurarnos que terminara la exploración, pero será programada, no arbitraria, porque debe considerar medidas de mitigación", añadió.

Entre las medidas destacan el desmontaje y retiro de equipos de perforación que permanecen en los pozos, desmantelamiento de bodegas, instalación de señalética de seguridad en accesos, recolección de materiales y revegetación del sector en que operaba la tubería de reinyección.

Uno de los antecedentes considerados fue una carta enviada a la Corema en que la compañía indicó que "Geotérmica del Norte procederá a la suspensión temporal del proyecto (...) los pozos se mantendrán cerrados, sin emisiones de efluentes y residuos, durante el tiempo que sea necesario esperar para iniciar una nueva etapa de desarrollo".

Toloza añadió que "pueden apelar ante la Conama o recurrir a tribunales, pero la exploración terminó. Activar la explotación requiere reiniciar la tramitación en la Corema".

La arqueóloga Ana María Barón, presidenta de "Unidos por El Tatio", que agrupa a profesionales, ex autoridades, ambientalistas, indígenas y habitantes de San Pedro de Atacama, dijo que "esperábamos una señal más potente: la revocación permanente e indefinida del proyecto (sólo fue aprobada por 5 de los 18 integrantes de la Corema)".

"Pero se decidió multar, porque al revocar el proyecto se consideraba que la empresa no pagaría. No recurriremos a tribunales, pero si pretenden continuar con el proyecto estaremos ahí para oponernos", agregó.

El abogado Carlos Bonilla, procurador fiscal del CDE, anunció que la entidad decidirá en agosto si presenta querellas por daño medio ambiental.