DPA pone como ejemplo de la influencia de Opus Dei en el Gobierno al ministro de Educación Joaquín Lavín.
Álex Valdés, El Mercurio
SANTIAGO.- Chile, donde miembros del Opus Dei ocupan hoy algunos de los más altos cargos del país, vive un creciente debate sobre libertades sexuales y políticas de familia que cruza y divide transversalmente a toda la clase política.
"Se han pasado a llevar los derechos de las mujeres de una manera brutal", reclamó incluso la senadora Evelyn Matthei, del conservador y oficialista Partido Unión Demócrata Independiente, en medio de críticas de sus pares.
"El trabajo hecho al alero de la Virgen es mucho más eficiente", pontificó en cambio la ex directora de la red de parvularios estatales Ximena Ossandón, desdibujando la separación entre Estado e Iglesia, lograda en 1925.
Las diferencias, que abarcan también temas de salud y de derechos civiles, erosionan igualmente a la oposición de centro-izquierda, donde el aborto, la eutanasia y la educación sexual en colegios generan roces entre socialistas y demócrata cristianos, por ejemplo.
En medio del debate, el Opus Dei, con presencia en medios, universidades y empresas, logró instalar a varios de sus miembros en la dirección de entidades clave en políticas de educación y familia, en un país gobernado hasta 2010 por la centro-izquierda.
El ministro de Educación, Joaquín Lavín, y la jefa del Servicio Nacional de la Mujer, Carolina Schmidt, encabezan esa avanzada, resistida incluso al interior del propio gobierno de derecha.
"No hay nadie que me represente menos que Ximena Ossandón", dijo de hecho la senadora Matthei, quien promueve legalizar el aborto terapeútico, prohibido en Chile en 1989 por la junta militar.
El Presidente Sebastián Piñera, un empresario liberal, tiene como principal meta llevar al país al desarrollo, medido en ingreso per cápita, por lo que parece tomar distancia de esos debates.
La agenda valórica, sobre todo después del terremoto de febrero del año pasado, fue congelada y solo esta semana el Gobierno decidió reimpulsar la ley sobre uniones civiles homosexuales.
El hecho coincide con la decisión de la Justicia de solicitar un informe al Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la prohibición de los matrimonios homosexuales, hecho considerado histórico por los activistas de minorías sexuales.
Las discusiones, que también dividen a la oposición, revelan las tensiones en una sociedad que originó en pocas décadas la revolución marxista de Salvador Allende y luego el proyecto neoliberal más emblemático de América Latina, con Augusto Pinochet al mando.
La situación, en una sociedad donde las instituciones más respetadas son la Iglesia Católica y la policía, según encuestas de todo signo, abrió el debate sobre el futuro de la derecha misma, en voces de sus líderes.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, el político más cercano a Piñera, pidió días atrás crear una nueva derecha, incorporando a sectores de oposición al gobierno.
La idea, aunque electoralmente entendible, genera resquemores en los sectores más conservadores, en especial la Unión Demócrata Independiente, que tiene un tercio de los asientos del Congreso.
El punto es que los debates, anidados hoy en el Congreso, el palacio presidencial, las ONG y las iglesias, impactan a diario sobre la vida de las personas en un país en el que hace 11 años no existía el divorcio.
Hoy, las mujeres no tienen derecho al aborto aunque su feto esté muerto, los homosexuales no pueden contraer matrimonio y fondos públicos son gastados en cursos de masajes y maquillajes para las funcionarias del Estado.
Todo ello en un país gobernando hasta marzo de 2010 por una mujer atea, divorciada dos veces y socialista, Michelle Bachelet, hoy a cargo de ONU Mujer.
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