Juan Aliste Vega pidió traslado de penal al considerar que sus condiciones cambiaron luego que su causa fuera traspasada desde la justicia militar a la civil.
David Alarcón, El Mercurio.SANTIAGO.- Ante el Séptimo Juzgado de Garantía se llevó a cabo este martes la audiencia de traspaso de causa desde la justicia militar a la ordinaria, respecto a la investigación por el crimen del cabo de Carabineros Luis Moyano Farías (33), quien fue asesinado el 18 de octubre de 2007 en el intento de frustrar el asalto a una sucursal del banco Security.
Fue así como la Fiscalía Centro Norte, entidad que indaga a civiles, formalizó la indagatoria por el delito de homicidio en contra de los ex lautaristas Freddy Fuentevilla y Juan Aliste, quienes figuraban en los registros de la jurisdicción militar como los presuntos responsables de este crimen.
Tras esto el fiscal Ricardo Peña pidió que ambos sujetos queden en prisión preventiva, medida cautelar que fue acogida por el tribunal considerando que su libertad es considerada un "peligro para la seguridad de la sociedad".
Además se decretaron 120 días para el cierre de esta indagatoria.
Durante la instancia judicial también se les atribuyó participación a ambos imputados en el homicidio frustrado del suboficial Fernán Abarca Díaz (31) quien era compañero del cabo Moyano al momento de los hechos y que sobrevivió al impacto de balas en su cuerpo.
Esta audiencia de traspaso se realizó en base a la ley que esta en vigencia en el país y que modifica el sistema de justicia militar, excluyendo de ella a los civiles.
Solicitud de cambio de penal
Durante la instancia, Juan Aliste, ex miembro del grupo Lautaro, pidió que ahora que cambiaron sus circunstancias judiciales sea cambiado desde la Cárcel de Máxima Seguridad a la Cárcel de Alta Seguridad.
Para ello el imputado argumentó que las condiciones en que se encuentra, con 23 horas de encierro y sólo 1 de luz, son deplorables y no corresponden al sistema judicial contra civiles. Además indicó que sus regimenes de visita son escasos y necesita ver a su familia.
Para resolver esta solicitud el tribunal fijó para el 20 de enero próximo una audiencia a la que asistirá un abogado que represente a Gendarmería y explique esta situación.