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Fiscales metropolitanos tramitaron un total de 634.583 causas en 2010

Durante la cuanta pública de los persecutores jefes se destacó las incautaciones de drogas en la zona sur, la indagación por el tsunami y la creación de nuevas fiscalías en la zona Centro-Norte.

26 de Enero de 2011 | 20:24 | Por Francisco Águila, Emol
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Alex Valdés, El Mercurio

SANTIAGO.- Un total de 634 mil 583 causas fueron tramitadas por los 284 fiscales de la Región Metropolitana, lo que equivale a que cada uno debió hacerse cargo de 2.234 casos cada uno.


Los datos fueron expuestos en la cuenta pública de los fiscales regionales metropolitanos, en que también se dio a conocer que los persecutores participaron de 336.418 audiencias, entre programadas y controles de detención.


De éstas últimas, el 76 por ciento es terminado en la primera audiencia, o sea se llega a un acuerdo con el imputado para que se le dé una sanción alternativa a la prisión a cambio de que acepte su responsabilidad.


Además, durante el año 2010 se realizaron 2.926 juicios —un 17% más que en 2009—, en que las fiscalías lograron sentencia condenatoria en un 87%.


Asimismo, el año pasado se registró una baja en cuando a los delitos de homicidios con 104 casos menos lo que equivale a un 16% menos, así como también se registró una baja de un 4% en relación con los delitos sexuales.


Respecto de los casos de incautación de drogas, es la fiscalía metropolitana Sur, dirigida por el fiscal Alejandro Peña, la que realizó la mayor cantidad de decomisos, superando las 2 toneladas, lo que equivale al 227 por ciento más respecto de 2009. Todo avaluado en $3.500 millones.


También se incautaron 16 toneladas de precursores químicos, $186 millones en efectivo, 180 vehículos avaluados en unos mil millones de pesos y 2.300 armas de fuego.  


En tanto, en la fiscalía Centro-Norte, cuyo líder es el fiscal Andrés Montes, se tramitaron 162.016 casos, que representa el 31% de la región, se atendió a 121.489 personas, entre ellas 5.779 víctimas de violencia intrafamiliar.


Montes destacó la creación de varias fiscalías, como por ejemplo la de delitos de  Alta Complejidad, de Centro de Justicia de Santiago y la de Primeras diligencias de Investigación y Control de la Detención, las que permitirán mejorar la gestión respecto de la alta demanda que tiene la unidad al ser la que recibe la mayor cantidad de casos a nivel nacional.


La fiscal regional Occidente, Solange Huerta, sostuvo que junto con llevar adelante la causa por los muertos por el maremoto del 27 de febrero pasado, su unidad implementó una sección para atacar el tráfico de drogas, el que ha dado como resultado un total de 216 detenidos en 190 allanamientos en la zona.


Mientras que el fiscal jefe de la zona Oriente, Xavier Armendáriz, sostuvo que en su zona fueron ingresados 130.399 casos nuevos, la designación de fiscales especiales como por ejemplo Gustavo Ahumada en el caso de pornografía infantil y Samuel Constenla en caso de robos y asaltos a viviendas de la zona.


Armendáriz destacó que casi 3 mil personas fueron atendidas en la unidad de Víctimas y Testigos, así como  el uso del brazalete GPS, como elemento para el control de las medidas cautelares, el que a su juicio tuvo un "éxito rotundo".

Propuestas en casos de actos terroristaso

Entre las propuestas hechas por los fiscales jefes de la zona metropolitana, destaca los realizados por Alejandro Peña, jefe del área Sur, quien desbarató a una agrupación anarquista acusada de instalar artefactos explosivos en diferentes puntos de la capital.


El persecutor propuso varias modificaciones a la Ley de Conductas Antiterroristas como por ejemplo que se amplíen el plazo de detención a solicitud del fiscal, al igual que en casos de narcotráfico.


Otra modificación que propuso Peña es la apelación verbal a la resolución del juez de Garantía, para que la Corte de Apelaciones decida en última instancia si se deja o no en prisión a un imputado por delitos terroristas, lo cual se estableció en todos los otros delitos, menos en los mencionados.


El persecutor sugirió que se permita al fiscal apelar a la negativa de realizar medidas intrusivas, incorporar estas técnicas en dichas indagaciones y que los plazos dados por los juzgados de Garantía sean acordes a las “complejas investigaciones que se deben realizar cuando se ha formalizado por terrorismo”.

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