Acogen a trámite querella contra autoridades del gobierno anterior por actuación tras terremoto

SANTIAGO.- El Séptimo Juzgado de Garantía acogió a trámite la querella por denegación de auxilio que presentó el pasado lunes el abogado Raúl Meza en contra de las autoridades del gobierno de Michelle Bachelet, que tomaron las decisiones tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.

De esta manera, el Ministerio Público deberá conocer los requerimientos hechos por el jurista en la acción penal, los que se traducen en citaciones a declarar en calidad de imputados a la ex Presidenta, los ex ministros Francisco Vidal y Edmundo Pérez Yoma, el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende y la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) Carmen Fernández.

Meza anunció que si la fiscal Solange Huerta -quien investiga las determinaciones adoptadas por las autoridades tras el sismo- se niega a practicar las diligencias como están solicitadas, recurrirá a la Fiscalía Nacional para se pronuncie.

El profesional pedirá también a Huerta que levante el secreto de la declaración que prestó la ex Mandataria en su domicilio, el pasado 28 de diciembre.

La querella establece que ninguna de las autoridades presentes ese día en la Onemi tomó decisiones entendiendo los conceptos técnicos básicos para poder establecer cuándo bajar o emitir una alerta de tsunami, por lo que son responsables de las 156 muertes provocadas por el maremoto que afectó a la zona costera entre las regiones de Valparaíso y del Biobío.

Vidal niega acusaciones

Tras la decisión judicial, el ex ministro de Defensa Francisco Vidal negó las acusaciones del abogado, pero se mostró abierto a colaborar con la justicia.

"Todo nuestro esfuerzo desde el primer minuto y en los diez días siguientes hasta abandonar el gobierno, fue dedicarnos 150% a resolver los problemas y ayudar a la gente. Yo voy a prestar toda la colaboración ante el tribunal respectivo. Uno siempre tiene que estar disponible para los requerimientos de los tribunales", manifestó a Radio Bío Bío.

Si las ex autoridades son halladas culpables, arriesgarían no poder volver a ejercer cargos públicos de por vida.