El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Pedro Hernández.
Manuel Herrera, El MercurioSANTIAGO.- La directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) llegó esta mañana a la Corte de Apelaciones de San Miguel para presentar un recurso de protección en favor de dos de los gendarmes que serán formalizados por el incendio del pasado 8 de diciembre, cuyos nombres fueron filtrados a la prensa durante la investigación del fiscal Alejandro Peña.
El abogado representante de la entidad, Felipe Hasbún, manifestó a Emol que "no se pueden seguir filtrando informaciones, porque están haciendo una condena pública y eso viola 4 derechos constitucionales: integridad física, integridad psíquica, derecho a la debida defensa y el derecho a la igualdad ante la ley".
Explicó, además, que "la formalización es una mera comunicación de cargos: no se los toma como condenados, ni se les procesa. Es la primera fase que consiste en decirle al ciudadano que va a ser investigado, pero en este caso, antes de notificarle a un chileno que era investigado, ya todo chile se había enterado y eso es una violación de garantía".
El pasado 27 de febrero, una radio capitalina tuvo acceso a los nombres de los 9 gendarmes formalizados por el incendio en la cárcel de San Miguel, entre los que se encuentran los centinelas Fernando Orrego Galarce y Francisco Riquelme Lagos.
Amenazas de muerte
El siguiente paso en la movilización de los funcionarios, según indicó su presidente, Pedro Hernández, consiste en "recabar todos los antecedentes para presentar un recurso ante la Corte por amenazas de muerte que han sufrido los funcionarios a través de teléfonos y a través de sus Facebooks, lo cual es todo consecuencia de esta exposición mediática que ha llevado a cabo la fiscalía".
"Vamos a llegar a las últimas consecuencias en proteger a nuestros colegas", finalizó.