SANTIAGO.- El círculo más cercano de la ministra de Vivienda Magdalena Matte y que durante el último año trabajó junto a ella como sus "hombres de confianza" han desfilado y deberán seguir haciéndolo por las dependencias de la Fiscalía Centro Norte.
En los próximos días Matte acudirá hasta la fiscalía a entregar su testimonio, asi como también el de su amigo y abogado por más de 20 años, Álvaro Baeza, quien participó en la negociación por encargo de la ministra.
Esto ya que el Ministerio Público está realizando una ronda de interrogatorios y diligencias que buscan establecer si existe delito tras el convenio extrajudicial por $ 17 mil millones que el Serviu acordó con la empresa Kodama en medio de una demanda por gastos extras que esta última incurrió en medio de una licitación para construir el corredor Pedro Aguirre Cerda del Transantiago.
Fue el director de finanzas de Vivienda, Daniel Johnson, quien pidió los antecedentes que respaldaran el millonario pago compensatorio y al no recibirlos por parte del Serviu alertó de la eventual irregularidad en el proceso. Fue la propia ministra Matte quien paralizó el pago, realizó las denuncias administrativas y también ante la justicia ordinaria. Sin embargo su firma que visaba el cuestionado convenio puso en jaque su gestión.
Fuentes judiciales indican que lo que se indaga en este caso es un eventual fraude al fisco en grado de consumado, pues pese a que no se concretó el pago la empresa constructora ya tiene en su poder el título ejecutivo con el cual puede exigirle al Estado el monto.
Asimismo se pesquisan las eventuales presiones al interior de la cartera para que se autorizara el acuerdo, que se realizó sólo en 34 días, situación que levanta sospechas por ser poco frecuente esta rapidez en el proceso sobre todo con sumas tan elevadas como la que se menciona.
Este documento, según el Código de Procedimiento Civil, permite el cumplimiento forzado de lo que en él se establece, en este caso del acuerdo extrajudicial al cual llegó Vivienda con la firma privada.
Es justamente la firma y timbre de la máxima autoridad en ese momento que la complicó a nivel judicial y también frente a La Moneda.
Hasta el momento ha declarado ante el fiscal José Morales, de la Unidad de Delitos Complejos, el subsecretario de Vivienda Andrés Iacobelli, la directora jurídica del Serviu Mirna Jugovic y una ex asesora jurídica de la cartera Carolina Arrau. Esa última, ha sostenido la ministra, fue quien le trajo personalmente el documento en que se establece el convenio y que ella firmó tras mirarlo y ver que estaba autorizado por las personas que debía estarlo.
Junto con ello la Fiscalía Centro Norte actualmente pericia los computadores incautados al director del Serviu Antonio Llompart, al subdirector jurídico Rafael Marambio y al subdirector de pavimentación Franz Greve.