El diputado Marcelo Díaz aseguró que la información de los servicios público es de total conocimiento a menos que la ley así lo exprese.
La Segunda.SANTIAGO.- El diputado socialista Marcelo Díaz emplázó hoy al ministro de Vivienda, Rodrogo Pérez, a que explique el porqué en el Serviu de La Serena se les pide a los funcionarios que firmen un acuerdo de confidencialidad en el que se les ordena no divulgar información del servicio.
A juicio del parlamentario el requerimiento sólo busca "amedrentar" a los trabajadores por lo que pidió a la autoridad gubernamental que aclare a qué se refiere esa cláusula que deberían cumplir los empleados fiscales de esa repartición.
En el mismo documento, según informó Díaz, se cita un decreto del año 2004, previo a la ley de transparencia, que establece claramente qué documentos son públicos y cuál es el tratamiento que se le debe dar a la información pública.
Frente a tales antecedentes el militante socialista asegura que "este es un acuerdo ilegal, porque establece que las obligaciones y responsabilidades derivadas de la firma de este acuerdo de confidencialidad tendrán valor aunque se cambie al funcionario de sus funciones o se le desvincule del servicio".
Díaz agregó que "emplazo al ministro de la Vivienda, Rodrigo Pérez a que responda si este documento es legal, y diga si es verdad que se les está obligando a los funcionarios a firmar dicho documento para continuar en sus puestos de trabajo".
Acto seguido el diputado llamó a poner término a ese tipo de prácticas, ya que "la información de los servicios públicos es pública y sólo una ley de quórum calificado puede establecer el carácter de reservado de la información".
"Este acuerdo es ilegal y tiene por objeto amedrentar a los funcionarios públicos al prohibirles entregar información, que sólo una ley puede regular", finalizó.