Caso Bombas: Defensoría da "espaldarazo" a juez cuestionado por la fiscalía

SANTIAGO.- Hasta el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago ingresó hace algunos días un escrito presentado por el defensor regional metropolitano norte, Leonardo Moreno Holman, quien en su calidad de interviniente en el caso Bombas pidió que no se sancione disciplinariamente al juez Luis Avilés tras la queja en su contra presentada por la Fiscalía Sur. El jurista representa en la causa al imputado Gustavo Fuentes Aliaga.

En el documento, el representante de la Defensoría Penal Pública califica la actuación de los fiscales que intervienen en la preparación de juicio oral de haber sido irrespetuosos con el titular del Octavo Juzgado de Garantía. Asimismo los tildan de ser majaderos en la presentación de reposiciones y defienden los dichos del magistrado al sostener que esta indagatoria es "al menos desordenada".

El abogado Moreno pide al tribunal de alzada capitalino que deseche el recurso presentado contra el juez de garantía, ya que a juicio de la institución lo que se pretende con esa vía disciplinaria es alejar al magistrado de seguir conociendo una causa que la Defensoría reconoce ha tenido debates intensos, pero que eso se debe a la complejidad del caso.

Espaldarazo

"El hecho que dichas resoluciones, en algunos casos, sean contrarias a los intereses del Ministerio Público no convierte la actuación del juez Avilés en actos que ameriten sanciones disciplinarias de ningún tipo", dice Moreno para que no se aplique sanción.

El Ministerio Público pide que se suspenda por dos meses al representante del Poder Judicial porque desde su punto de vista éste ha actuado con falta de respeto hacia los fiscales. Al respecto la Defensoría señala que en el reclamo "el persecutor omite antojadizamente señalar el contexto en que se ventila la discusión jurídica" e invita a los ministros a escuchar el audio completo de la audiencia.

"El juez intentando hacer uso de sus facultades de dirigir el debate, fue irrespetuosamente interrumpido por el destemplado fiscal quien insistió en argumentar pese a que el juez, ya desde el inicio del debate, le indicó que la reposición se rechazaba (...) No obstante, el fiscal de manera majadera e irrespetuosa con el tribunal insistió interrumpiendo al magistrado con hacer efectivo su improcedente recurso de reposición", dice Moreno.

En su recurso de queja la fiscalía dice que el juez Avilés criticó implícitamente a sus superiores al decir en audiencia que entendía que el celo de los prosecutores "proviene de un comportamiento de expectativas conforme a los estándares que en su sector jurisdiccional". Sobre este punto, la Defensoría Penal Pública señala que "esta acusación es falsa, y no se sustenta en antecedente alguno, salvo en la interpretación maliciosa del quejoso en orden a indisponer gratuitamente al magistrado con sus superiores".

Hoy El Mercurio señala que los ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel se habrían manifestado "preocupación por los términos desafortunados e inconvenientes" vertidos por Avilés.

Desorden inédito

El Ministerio Público también reclamó que al fundar resoluciones el magistrado de la preparación de juicio del caso Bombas habría "descalificado" y formulado críticas a la indagatoria, incluso llegando a calificar los argumentos expuestos por los fiscales como "sociología barata".

Muy preocupado por la lectura que hacen los prosecutores de estos hechos, el defensor Moreno dice que la ley explicita que "cuando un juez dicta resoluciones, sobre todo cuando dicen relación con la afectación de garantías, necesariamente lo que hace es criticar, jurídica y normativamente, una diligencia o forma de investigación del Ministerio Público".

Finalmente, la Defensoría señala que cuando la fiscalía acusa al juez de descalificar la acusación que presentaron, ellos han sido afectados por lo que se hace cargo el magistrado Avilés ya que señalan que es de público conocimiento que "el Ministerio Público debió utilizar una semana de audiencia para retirar medios de prueba repetidos e impertinentes".

"La fiscálía llegó a retirar literalmente miles de antecedentes probatorios, en una situación inédita en la historia judicial chilena (...) Y estamos hablando de miles de pruebas, por tanto, la calificación que se le atribuye al juez en este caso, se origina en las propias acciones del Ministerio Público que hoy mira la paja en el ojo ajeno".