Personal especializado del OS-9 allanó reparticiones en las que trabajan los ingenieros y profesionales del Dictuc.
La SegundaSANTIAGO.- En medio del férreo hermetismo con el cual trabaja la Fiscalía Centro Norte con el denominado caso Kodama, este jueves se conoció una importante diligencia que se realizó la semana pasada en unas oficinas del Dictuc.
Personal especializado del OS-9 de Carabineros allanó reparticiones en las que trabajan los ingenieros y profesionales especialistas en materias de construcción que elaboraron el informe técnico que la empresa Kodama presentó para avalar ante el Serviu los $17 mil millones de gastos extras en los que supuestamente incurrió durante las obras del corredor Pedro Aguirre Cerda del Transantiago.
Un grupo de trabajo de fiscales y abogados asesores actualmente perician el contenido de los computadores y gran cantidad de documentación incautada por personal policial.
La diligencia es parte de una línea investigativa que trabaja el Ministerio Público respecto al rol que tuvieron los profesionales de la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el cuestionado convenio.
Esta arista ha cobrado fuerza luego que el Idiem cifrara estos gastos extra en $2.132 millones y la propia Contraloría tras su fiscalización estableciera que la indemnización que correspondía era sólo de $131 millones.
El análisis está enfocado en las metodologías utilizadas por los peritos del Dictuc como también establecer la comunicación que existió entre ellos y la empresa Kodama que solicitó este servicio.
Fuentes al interior del Dictuc comentaron que la diligencia se realizó en completa normalidad y que la decisión de ellos ha sido colaborar con el trabajo del Ministerio Público y Carabineros.
Consultada la Fiscalía Centro Norte por estos antecedentes, declinó referirse al tema argumentando que la causa se declaró secreta por lo que los antecedentes son reservados.
Declaración de Magdalena Matte
Hasta el momento la fiscalía no ha definido cúando declarará la ex ministra Magdalena Matte. Sin embargo se supo que el martes pasado terminó de declarar, en calidad de imputado Kenji Kodama, dueño de la constructora y quien habría realizado un llamado telefónico a la ex titular de Vivienda para decirle que la empresa cobraría el título ejecutivo por los $17 mil millones pese a que ella había paralizado el pago. Éste comenzó su interrogatorio la semana pasada.
Asimismo, el lunes pasado fue el turno -también como imputado- de Matías Cortés, abogado de Kodama, quien participó directamente en las reuniones donde se negoció el cuestionado acuerdo extrajudicial con el Serviu.