Poder Judicial y BID lanzan programa de fortalecimiento institucional

SANTIAGO.- El presidente de la Corte Suprema,  Milton Juica, y la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), María Uribe Sánchez, encabezaron este martes la ceremonia de lanzamiento del programa  de fortalecimiento institucional, el que por un monto de US$6,4 millones de dólares buscará perfeccionar el desarrollo institucional, la gestión de recursos humanos y la gestión jurisdiccional al interior del Poder Judicial.

Esta iniciativa nace gracias a los recursos facilitados por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID.  Del total de los recursos el 80% (es decir el equivalente de US$5.120.000) es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo la modalidad de préstamo de inversión y el 20% restante (US$1.280.000), es financiado con recursos del Ministerio de Hacienda.

El proyecto denominado BID II, y cuyo plazo de ejecución es de 4 años, busca mejorar la capacidad del Poder Judicial para enfrentar desafíos en materia de desarrollo institucional, manejo de personal y gestión jurisdiccional, elevar la confianza de los usuarios en la aplicación transparente y justa de las leyes y reducir la tasa de error en la tramitación de las causas.

"Con la contribución financiera del BID y del Ministerio de Hacienda, tal programa potenciará nuestra capacidad para establecer políticas de mediano y largo plazo en las áreas que hemos definido como prioritarias. Todos los que hemos participado en la fase de preparación de este programa estamos conscientes de su complejidad, pues está  dirigido a la actividad jurisdiccional, la esencia de la administración de justicia", sostuvo el ministro Juica en el acto de firma de convenio.

El programa pondrá especial énfasis en el desarrollo del personal y en la carrera de los jueces y funcionarios judiciales, generando estímulos para el perfeccionamiento y el buen desempeño, aportando mayor transparencia a la gestión del régimen disciplinario y de calificación y facilitando el acceso al e-learning y a otras aplicaciones de nuevas tecnologías al servicio de la capacitación.

Asimismo, contempla la migración a una plataforma Web del sistema informático de la justicia penal, la implementación de un plan para mejorar la calidad del registro de la tramitación en tribunales que posean sistemas informáticos, la ampliación de la plataforma de videoconferencias y la interconexión online con instituciones tales como Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, Servicio de Registro Civil e Identificación, Servicio de Impuestos Internos y Aduanas.