Rodolfo Retamales y su madre, María Cecilia Leiva.
Felipe González P., El Mercurio.SANTIAGO.- La Corte Suprema acogió este viernes un recurso de amparo presentado por la ex subsecretaria de Agricultura, María Cecilia Leiva Montenegro, quien alegó ser víctima de la vulneración de sus garantías fundamentales luego de descubrir que el Ministerio Público ha llevado a cabo una serie de medidas intrusivas en su contra, sin tener ella la calidad de imputada en el denominado caso Bombas, en lo que se podría enmarcar como indagatoria paralela.
La mujer, es madre de Rodolfo Retamales, apodado El Garza, uno de los principales acusados en la investigación que lleva adelante la Fiscalía Sur y en la que se le atribuye ser el líder de la agrupación que colocaba artefactos explosivos en la capital.
La segunda sala del máximo tribunal, según la resolución a la cual tuvo acceso Emol, estableció que Leiva "ha sido objeto de actuaciones investigativas en una causa no formalizada judicialmente, con las cuales se considera afectada en sus derechos y garantías constitucionales".
Asimismo, señala que tras revisar los documentos allegados por la defensa de Leiva "considerando sólo el origen y objeto de esta investigación paralela -como se dijo aun no formalizada- éstos aparecen como poco claros y aún irregulares".
Un juez de garantía resolverá
Quien ocupara el cargo de subsecretaria de Agricultura en el gobierno de Michelle Bachelet, alegó ante la Corte que no por ser la madre de uno de los imputados tiene que verse perturbada su vida con allanamientos, revisión de cuentas bancarias, intervención de llamadas telefónicas y requerimientos de informaciones laborales o personales.
Este recurso fue motivado luego que trascendiera la existencia de un correo electrónico alusivo, entre otras cosas, a una supuesta visita que ella habría hecho en la Clínica Indisa a Luciano Pitronello, quien se encuentra hospitalizado por las lesiones que le ocasionó el que una bomba explotara cerca de su cuerpo.
Junto con ello se expuso en la acción judicial una información, que El Mercurio consignó el 12 de mayo pasado, en la que las defensas cuestionaban un correo electrónico en el que la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía Nacional recomendaba a la Fiscalía Sur abrir una investigación anexa y reservada por financiamiento terrorista y lavado de activos.
Tras acoger el amparo, la Corte Suprema ordenó remitir los antecedentes al Octavo Juzgado de Garantía para que un juez "adopte las medidas necesarias" que le permitan a Leiva el ejercicio de las garantías que le favorecen a toda persona que es sujeta a una investigación y que tiene conocimiento de la imputación criminal.
Asimismo, se remitió los antecedentes al Fiscal Nacional Sabas Chahuán para que tenga conocimiento de las actuaciones reclamadas por la mujer.