VALPARAÍSO.- Con 31 votos a favor, la Sala del Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto, en segundo trámite, que establece medidas alternativas a las privativas o restrictivas de libertad, entre las que se cuentan la posibilidad de utilizar el denominado brazalete electrónico.
Ahora, corresponde que la iniciativa sea analizada en particular por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para lo cual se estableció el lunes 18 de julio como plazo para presentar las indicaciones.
Durante la votación intervinieron los senadores Soledad Alvear (DC), Antonio Horvath (RN), Patricio Walker (DC), Jaime Orpis (UDI), José Antonio Gómez (PRSD) y Hosaín Sabag (DC), además del ministro de Justicia, Felipe Bulnes.
En su calidad de presidenta de la Comisión de Constitución, la senadora Alvear informó los alcances de la iniciativa, explicando que ésta apunta a modificar el sistema de medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, de manera de alcanzar cuatro propósitos centrales: favorecer la reinserción social de los condenados; controlar efectivamente el cumplimiento de las penas que dicha iniciativa establece; dar protección a las víctimas y favorecer el uso racional de la privación de libertad y de los recintos penitenciarios.
Además, precisó que se establece un catálogo de delitos a los que no podrán aplicarse estas medidas alternativas, entre los que se encuentran el secuestro calificado; violación con homicidio; parricidio, femicidio y homicidio calificado; sustracción de menores; violación; violación impropia de un menor de 14 años, y delitos de tráfico de drogas.
Alvear agregó que la iniciativa también plantea el uso de nuevas tecnologías como GPS o brazalete electrónico.
Junto con señalar que existe disposición de legislar sobre la materia, la parlamentaria anticipó que se pueden hacer modificaciones en su trámite en particular, pues en su opinión, se requiere un órgano especial diferente de Gendarmería para velar por el cumplimiento de las medidas alternativas y de los trabajos comunitarios.
Asimismo, señaló que es necesario disponer de medios suficientes para que la ley pueda operar de manera óptima.
En tanto, el ministro Bulnes señaló que junto con las medidas propuestas se considera un aumento de delegados de libertad vigilada y una inversión adicional de 50 millones de dólares.