SANTIAGO.- Acompañado por el ministro de Educación, Joaquín Lavín, el Presidente Sebastián Piñera convocó a todos los sectores a alcanzar un Gran Acuerdo Nacional por la Educación (GANE) y "terminar con las protestas y tomas".
En cadena nacional, el Mandatario sostuvo que es necesario que todos los chilenos apoyen esta propuesta para mejorar la calidad, acceso y financiamiento de la educación superior.
A continuación, explicó que dicho acuerdo contemplará la aplicación de diversas medidas, entre ellas la creación de un Fondo para la Educación (FE), por un monto de 4 mil millones de dólares. Según dijo, éste complementará los recursos del presupuesto fiscal y será financiado "con recursos del Tesoro Público, del Fondo de Estabilización Económico y Social, de los excedentes del cobre y otros que se convengan en el contexto del GANE".
De igual forma, prometió aumentar de 70 a 120 mil las becas para la educación técnico-profesional e incrementar en un 20% su monto. Asimismo, garantizar al 40% de alumnos más vulnerables, y con mérito académico, una beca para acceder a la institución de educación superior acreditada que ellos elijan.
Con el mismo objetivo de aminorar la carga financiera para los estudiantes, adelantó que se reducirá la tasa de interés del crédito con aval del Estado a cifras cercanas al 4% en un año normal, y las cuotas de pago serán suspendidas en casos de desempleo.
Adicionalmente, dijo que citará a un grupo de trabajo "para proponer un nuevo sistema que reemplace al actual crédito con aval del Estado, por uno más justo y eficaz", al tiempo que rediseñará el fondo del crédito solidario, con el fin de "potenciar su recuperación y destinar esos recursos a nuevas becas, y reprogramar a los 110 mil deudores morosos".
Rechazo a la estatización
En su discurso, el jefe de Estado fue claro al rechazar tajantemente las opiniones de dirigentes estudiantiles y de la oposición que han planteado estatizar la educación.
"Creemos que ello constituye un grave error y daña profundamente tanto la calidad como la libertad de enseñanza", manifestó Piñera y, a cambio, sostuvo que su gobierno "apoya el concepto de una sociedad docente, donde tanto el Estado como la sociedad civil puedan participar y aportar" en la misión de educar a los niños y jóvenes, "protegiendo el derecho de ellos y sus familias a elegir libremente la institución en que quieren estudiar".
Asimismo, prometió definir una nueva institucionalidad para el sistema universitario, "que diferencie universidades estatales, tradicionales no estatales y privadas no tradicionales". En este punto, destacó que asegurará "la transparencias total del sistema" y abrirá "un debate amplio para analizar la posibilidad de distinguir entre estas últimas, las sin y las con fines de lucro".
Y añadió que, de acordarse la existencia de estas últimas, deberán pagar impuestos por sus utilidades, los que serán destinados "al financiamiento de becas y préstamos para los alumnos más vulnerables".
En la misma línea, afirmó que "el financiamiento estatal a las universidades hará las diferenciaciones que corresponden entre los distintos tipos de instituciones" y los alumnos recibirán un aporte estatal "en función de su mérito y situación socioeconómica".
Además, el Gobierno creará tres fondos concursables a los que podrán postular las universidades y que estarán orientados "a mejorar la calidad de la formación de profesores y directores de la educación escolar, a la creación de centros de excelencia en materia de innovación, ciencia y tecnología, y a potenciar el aporte de las universidades al desarrollo de sus respectivas regiones".
Subsecretaría y nuevo trato con universidades estatales
En su mensaje al país, el Presidente enumeró también otra serie de medidas que apunta a mejorar la admisión, acreditación, información y fiscalización del sistema universitario, entre las que resaltó la creación de una Subsecretaría y Superintendencia de Educación Superior, y el desarrollo de un "nuevo trato" con los planteles estatales.
Esto último, según dijo, se llevará a cabo "mediante un estatuto que modernice el gobierno universitario, desburocratice y flexibilice su gestión, permita el endeudamiento a mayores plazos, cree un fondo basal para su revitalización y refleje, de esta forma, el sólido compromiso del Estado con las universidades estatales y de éstas con el Estado y la sociedad".
En el caso específico de la admisión indicó que, además de la PSU, se considerará el ranking y las notas escolares. También se fortalecerá "la profundidad y rigurosidad de los sistemas de acreditación, para garantizar mejor la calidad y transparencia".
De igual forma, para que los postulantes tomen bien sus decisiones, se establecerá "un sistema completo, oportuno y confiable de información de las instituciones de educación superior", incluyendo los antecedentes académicos y financieros de éstas, y los laborales de sus egresados, como empleabilidad y remuneraciones.