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Santiago: Sábado 01 de febrero del 2025 | Actualizado 01:06
La ministra Margarita Herreros instruyó la indagatoria y realizó las diligencias del sumario en Arica.
Patricio Banda, El Mercurio.SANTIAGO.- Severa fue la decisión que tomó este martes el pleno de la Corte Suprema en el marco de la investigación administrativa por actos de corrupción en la primera región.
Tras analizar el sumario instruido por la ministra Margarita Herreros y los descargos de los magistrados de Arica acusados por irregularidades ocurridas en esa jurisdicción, el máximo tribunal del país determinó suspender a tres de ellos de sus funciones y abrir en contra de dos de ellos un cuaderno de remoción del Poder Judicial.
Fue así como los jueces de garantía Gonzalo Díaz González y Rodrigo Urrutia Molina fueron alejados por cuatro meses de sus funciones tras lo cual se les expulsaría de la institución. Mientras que el magistrado Juan Araya Contreras sólo fue suspendido por la misma cantidad de tiempo.
Las irregularidades indagadas por la Suprema abarcaron las denuncias en contra de éstos jueces por haber mantenido lazos de amistad con un empresario que fue condenado por fraude. A éste los miembros del Poder Judicial cuestionados le compraron automóviles justo en el momento en el que su juzgado tramitaba el "cúmplase" de la sentencia en contra del sentenciado.
Fue justamente Araya, quien sin inhabilitarse de conocer la causa, dictó la pena en contra del empresario y los otros dos condenados, pese a que ninguno había regresado al municipio los $75 millones defraudados.
El vocero de la Corte Suprema, ministro Jaime Rodríguez Espoz, sostuvo que "cuando hay hechos irregulares, hay que reprimirlos. En eso tenemos la situación clara de que tiene que ser así y en cualquier parte que ocurra dentro de la administración de justicia. Esto ocurrió en Arica y se han adoptado las medidas".
Sanciones y llamados de atención
Asimismo, los supremos decidieron sancionar a la ministra de la Corte de Apelaciones de Arica María Verónica Quiroz Fuenzalida con censura por escrito.
A otros ministros de esa jurisdicción se les hizo un llamado de atención para que estén más pendientes de sus facultades fiscalizadoras en esa jurisdicción. Se trata de Lidia Villagrán Hormazábal, Rodrigo Olavarría Rodríguez y Rodrigo Cerda San Martín.
Junto con ellos se realizó un "severo" llamado de atención a los ministros Eduardo Camus Mesa y Marcelo Urzúa Pacheco.
En tanto a la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel Irma Meurer Montalva fue sobreseída y misma suerte corrió la jueza del Primer Juzgado de Familia de San Miguel Sandra de Orué Ríos.
