El Estado debe pagar $200 millones a familia de joven asesinado por carabinero

SANTIAGO.- La mañana del 12 de octubre de 1998 María del Carmen Antigual estaba intranquila pues su hijo mayor Sergio Vargas (19) aún no regresaba a casa. La noche anterior, aprovechando que ese lunes era feriado, había salido con su amigo Óscar Cuevas para "carretear" y no tenía novedades de ellos.

A eso de las 11:30 horas, personal de Carabineros de la Subcomisaría Maipú Oriente llegó a su domicilio para darle un fatal mensaje: "algo le había ocurrido a su hijo". Una vez en el recinto policial los mayores temores de esta familia se hicieron realidad y los uniformados le informaban que debían concurrir al Servicio Médico Legal (SML) a buscar el cadáver de su primogénito, sin mediar más explicaciones.

La justicia penal estableció que el mecánico Sergio Vargas Antigual fue víctima del exceso de un procedimiento de Carabineros, en el cual fue prácticamente acribillado junto a su amigo con una subametralladora UZI en medio de una persecución policial en Camino a Melipilla.

En un fallo, al cual tuvo acceso Emol, el 13° Juzgado Civil de Santiago estableció -hace algunos días- que el fisco debe indemnizar a la familia del joven con $200 millones, al establecer la responsabilidad del Estado por el asesinato cometido por el cabo segundo Daniel Arriaza quien cometió el crimen cuando estaba de servicio.

La jueza Paulina Sánchez acogió la demanda presentada por la familia de la víctima, quienes alegaron que el deceso de su pariente provocó un gran dolor en su madre, padre y su hermano menor. Esto por haber truncado la vida de un hombre joven, que según expusieron, "deseaba seguir sus estudios superiores con la finalidad de estudiar ingeniería mecánica".

El caso

Los jóvenes Sergio Vargas y Óscar Cuevas habían sacado esa noche un automóvil de un vecino que -según declararon testigos- siempre era sustraído por los jóvenes de la población para irse de fiesta y luego era devuelto. Sin embargo, una vecina alertó a Carabineros del hecho. Fue entonces cuando una patrulla advirtió que la camioneta transitaba por Camino a Melipilla y que en su interior iban dos personas.

Posiblemente los tragos de más en el cuerpo de Vargas y Cuevas los hicieron tomar una errónea decisión. Al momento de percatarse de que eran seguidos por Carabineros decidieron apurar la marcha y darse a la fuga, lo que provocó una persecución en la cual se produjeron un par de choques entre el radiopatrullas y el vehículo.

Todo se complicó cuando el cabo Arriaza escuchó unos supuestos disparos por parte de los jóvenes, hecho que fue descartado en la indagatoria pues ninguno portó ni percutó un arma esa noche. Fueron en total 19 disparos a corta distancia con la subametralladora UZI lo que terminó con la persecución y también con la vida de los jóvenes.

Pericias del SML demostraron que ambos habían bebido, uno de ellos había consumido marihuana incluso, pero también establecieron que ninguno había disparado en contra de la policía o había cometido algún acto que motivara una acción desmedida como la del cabo Arriaza. El policía fue dado de baja por la institución y condenado por la Segunda Fiscalía Militar a cinco años por este doble homicidio. Recibió el beneficio de la libertad vigilada.

A casi 13 años del trágico suceso que enlutó a esta familia de Maipú, la justicia civil les dio la razón y condenó al Estado por estos hechos. Pese a ello los Vargas Antigual deberán seguir esperando, pues el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló y ahora será la Corte de Apelaciones capitalina quien decidirá el futuro de esta millonaria demanda.