SANTIAGO.- El ministro de Salud, Jaime Mañalich, mostró su satisfacción luego de que las comisiones unidas de Constitución y Salud aprobaran el proyecto de ley "Derecho y Deberes de los Pacientes". El secretario de Estado sijo que representa "una gran garantía para los ciudadanos" que concurren a los servicios de salud a atenderse por alguna dolencia.
El secretario de Estado sostuvo que esta ley es la más importante en la reforma de salud y que tuvo una tramitación "extremadamente prolongada en el Congreso, porque habían transcurrido 10 años y no se había despachado".
Precisó que a la vuelta de la semana distrital, esto es, durante la primera semana de agosto, "esta gran ley va a ver la luz" y debiera ser ley de la república en el presente año.
"Esta es una gran ley porque consagra una serie de elementos que son muy sustantivos frente a lo que yo describiría como 'un desequilibrio de poderes' o de información de las personas enfermas cuando se enfrentan a un sistema de salud o a los profesionales", expresó el ministro Mañalich.
"Por ejemplo, esta ley consagra lo que en medicina se conoce como 'consentimiento informado', esto quiere decir que una persona o su representante antes de ser sometida a un tratamiento cualquiera, tiene que ser perfectamente informada de los riesgos y beneficios del tratamiento y tiene que consentir o no consentir voluntariamente de éste", explicó.
El ministro dijo que los aspectos que más reclaman las personas en el sistema de salud son esencialmente dos. Primero están quienes protestan por información incompleta y luego están quienes alegan un trato "prepotente, quizás despótico".
Ambos puntos, dice el encargado de la cartera de salud, estarán articulados en esta ley. "Serán sancionados si se acredita que efectivamente los funcionarios de salud, los profesionales, han faltado a la dignidad de los pacientes. Hoy día eso queda en un reclamo estampado y se traduce en ninguna consecuencia para nadie y eso nos parece ilegítimo".
Otra área, explicó, "es que define un conjunto de elementos que buscan garantizar la calidad y la seguridad en los hospitales, en el sentido de que las personas que son intervenidas enfrenten el menor riesgo posible de infecciones intrahospitalarias; que los pacientes sean reconocidos adecuadamente y que los pacientes no tengan efectos adversos con los medicamentos o transfusiones de sangre que se les administren".
El ministro recalcó que el "conjunto de medidas incluidas en la ley es muy satisfactorio y representa una gran garantía para los ciudadanos y una transparencia absoluta para los pacientes respetándoseles su conciencia, su dignidad y su cultura. Es un avance sustantivo en el derecho de las personas", expresó.