Diputados piden a la Fiscalía investigar supuestas intervenciones telefónicas

SANTIAGO.- Luego de que un ex carabinero denunciara en el Congreso que funcionarios de la institución supuestamente habían realizado intervenciones telefónicas a parlamentarios, diplomáticos y dirigentes sindicales, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara decidió enviar al Ministerio Público los antecedentes para iniciar una investigación.

Los comités representantes de las bancadas parlamentarias de la Cámara además pidieron un fiscal con dedicación exclusiva para el caso.

"Los antecedentes recibidos, de ser ciertos, son de alta gravedad, especialmente porque, en el caso de las intervenciones telefónicas, se estarían realizando al margen de la ley vigente y violando la privacidad de muchos chilenos", señaló el titular de la bancada DC, Aldo  Cornejo.

Acompañado por abogados de organizaciones de Derechos Humanos, el retirado funcionario policial, Esteban Infante, denunció que durante meses se habrían realizado "pinchazos" a los teléfonos de los diputados Sergio Aguiló, Guillermo Teillier, Hugo Gutiérrez y a los senadores Alberto Espina y Alejandro Navarro.

El presidente de la instancia, diputado Sergio Ojeda (DC), calificó como "gravísimas" estas declaraciones. "El ex funcionario de Carabineros, Esteban Infante, nos informó no sólo de estos 'pinchazos' telefónicos que, según precisó, estarían a cargo de la Dicomcar (Direccion de Comunicaciones de Carabineros), sino que, además, denunció la presencia de infiltrados en las manifestaciones sociales", dijo Ojeda.

"Obviamente, estas denuncias, de ser ciertas, -agregó- serían gravísimas por lo que junto con esperar una respuesta por parte de Carabineros, creemos que es necesario investigar y recabar más antecedentes".

La Cámara también acordó citar a una sesión especial al Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y  General de Director de Carabineros, Eduardo Gordon, para explicar la veracidad de esta denuncia.

En tanto, abogados de Derechos Humanos presentarán una querella en la Corte Suprema contra quienes resulten responsables de las intervenciones telefónicas.