En prisión preventiva agrupación detenida con 30 kilos de cocaína base

SANTIAGO.- La Fiscalía Occidente formalizó este jueves a cinco imputados por el delito de tráfico de drogas.

Se trata de dos chilenos y tres bolivianos que fueron detenidos el lunes en procedimientos simultáneos ejecutados por la PDI en Iquique y San Bernardo, en el marco de la Operación "Runas". La droga estaba oculta en el estanque de una camioneta.
 
El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó la prisión preventiva para cinco imputados que esta mañana fueron formalizados.

Se les imputó los delitos de tráfico de drogas tras una investigación conjunta de la Fiscalía Occidente y la Brigada Antinarcóticos (Briant) Metropolitana de la PDI que permitió desmantelar esta agrupación criminal y detener una operación destinada a comercializar 29,5 kilos de cocaína base.
 
En la audiencia, el fiscal Sergio Soto detalló que la indagación permitió identificar a todos los sujetos que participaban en la línea del tráfico y establecer su nivel de participación.

Con estos antecedentes, el lunes 22 de julio la policía detuvo en San Bernado al presunto financista y líder de la agrupación, Juan Carlos Flores Cossio, de nacionalidad boliviana.

Junto a él también fue detenido el imputado José Luis Martínez Urbina, quien habría comprado una camioneta y gestionado su traslado hasta la ciudad de Iquique con el propósito de realizarle un doble fondo al estanque de combustible.

En tanto, el imputado Juan Bustamante Millán es sindicado como el brazo operativo de estos últimos, quien habría viajado a Iquique para recibir el vehículo refaccionado y cargado con la droga.

Por último, también resultaron detenidos los imputados Miguel Ángel Challapa Pocoaca, presunto proveedor, y su brazo operativo, el imputado Iván Clemente González Canaviri, ambos de nacionalidad boliviana.
 
Considerando los antecedentes presentados por el Ministerio Público, el tribunal decretó la prisión preventiva por considerar que los imputados representan un peligro para la seguridad de la sociedad y el riesgo de fuga. El plazo de investigación se fijó en 90 días.