SANTIAGO.- El fiscal de la zona Centro-Norte, Ernesto Vásquez, ordenó a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI que indague los procedimientos adoptados por Carabineros y las decisiones tomadas por las autoridades políticas durante la fallida marcha estudiantil del jueves 4 de agosto.
Esta fue la primera determinación que adoptó el persecutor tras ser designado para encabezar la investigación, y luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declarara admisible la querella presentada por el abogado Rodrigo Román en representación de las federaciones de estudiantes y del Colegio de Profesores, por los hechos ocurridos ese día en la capital.
El fiscal y la PDI deberán aclarar si el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, la intendenta Cecilia Pérez y el personal de Carabineros tienen responsabilidad en los hechos de violencia que acusan los manifestantes, quienes intentaron llegar hasta Plaza Italia, pese a que se les había prohibido realizar la marcha.
Trascendió que Vásquez —quien también indaga el ataque con bombas incendiarias a casetas de seguridad municipal, entre otras causas—, envió un oficio al jefe de la unidad policial, subprefecto Felipe Vivanco, solicitándole un informe respecto a lo sucedido en esa jornada, así como también las identidades de los uniformados implicados.
Asimismo, dio un plazo de 30 días a la PDI para entregar un reporte que contenga tanto las diligencias realizadas por los funcionarios policiales, como también una hipótesis criminalística sobre los hechos investigados.