Quieres ver tu clima local?
Mostrar
Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 12:13
SANTIAGO.- Las máximas autoridades del Senado se reunieron este miércoles con el contralor Ramiro Mendoza, para solicitarle que revise la legalidad de las declaraciones del Presidente de la República y del ministro de Educación, quienes el fin de semana anunciaron que unos 70 mil alumnos ya perdieron su año escolar producto del paro.
"Queremos que se establezca si las declaraciones que han hecho representantes del Gobierno y el propio Presidente proceden desde el punto de vista legal. Después de hacer una revisión reglamentaria, no le corresponde ni al ministro ni al Presidente determinar la pérdida del año, menos cuando justamente lo que se debe hacer es salvar el año escolar", enfatizó el titular de la Cámara Alta, Guido Girardi (PPD).
"Aquí se intentó jugar y se jugó sucio, intentando generar una situación que no es real, que no correspondía, que no tenía fundamento de dar por perdido el año escolar, como una suerte de castigo a quienes no se inscribieron en este programa Salvemos el Año", agregó.
A su turno el vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier (PS), recordó que existe el decreto 112 del año 1999, que permite que en casos excepcionales no se pierda el año escolar y otorga la facultad a los directores de establecer las fórmulas para recuperar las clases.
"Esto es un tema de voluntades, lo que queremos es garantizar la vigencia de este decreto y remover los obstáculos. Acoger la petición de los estudiantes es fundamental, se deben tomar todas las medidas administrativas para que no se pierda año escolar", dijo el senador socialista.
Letelier añadió que esperan ver reflejados en el Presupuesto 2012 los acuerdos estipulados con el movimiento estudiantil. "No nos pidan que aprobemos una ley de Presupuesto que no revierta esta situación. Evitemos que la discusión se encrispe, y eso se hace con que el Gobierno remueva obstáculos, se siente a conversar y genere debates", advirtió.
Argumentaron que siguen vigentes una serie de normas, como el decreto exento 112 del año 1999, que entrega a los directores y a los consejos de profesores de cada colegio la facultad de definir el cierre del año escolar.
Girardi dijo que esto no es prerrogativa del Presidente de la República ni tampoco del ministro de Educación.
"Aquí se intentó jugar y se jugó sucio, intentando generar una situación que no es real, que no correspondía, que no tenía fundamento de dar por perdido el año escolar, como una suerte de castigo a quienes no se inscribieron en este programa Salvemos el Año".
Para Letelier, el decreto 112 entrega las herramientas a los establecimientos para disponer las medidas que impidan que miles de estudiantes pierdan su año. Añadió que las presiones del Ejecutivo para acelerar este proceso sólo contribuyen a obstaculizar aún más una salida al conflicto.
"El tema de 'Salvemos el Año Escolar' que es un plazo que han fijado, que en nada altera la vigencia de este decreto, por eso se va a flexibilizar ese plazo, están obligados, peor lo prudente, lo correcto es ir más allá: es ratificar la vigencia del decreto exento 112 del año 2001".
Opinaron que la estrategia del Gobierno debiera ser centrarse en la búsqueda de una fórmula que impida que miles de alumnos pierdan su año escolar. Acusaron al Gobierno de estar usando esto como un instrumento político para afectar la dignidad y seguridad de los estudiantes.
