SANTIAGO.- La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) fue condenada a pagar $60 millones por el daño moral que provocó en tres madres el que sus hijos, de tan sólo 5 años, fueran atacados sexualmente por un funcionario de esa institución pública.
El Tercer Juzgado Civil de Concepción estableció, en un fallo al cual tuvo acceso Emol, que el organismo no cumplió su deber de velar y proteger la integridad física y síquica de los menores que tenía a su cargo, particularmente en este caso pues se trata de niños con un alto nivel de vulnerabilidad social.
Los hechos se remontan al año 2005 cuando el auxiliar del jardín infantil Boca Lebu Carlos Monsálvez Arias, quien además era hermano de una de las parvularias que trabajaba en el recinto, aprovechó momentos en que se encontraba solo con los menores para atacar sexualmente a tres de ellos.
Por estos hechos, el sujeto cumple actualmente una pena de 10 años de cárcel. Sin embargo, y tras la condena punitiva, las madres de los niños abusados acudieron a la justicia civil para que la Junji reparara económicamente el daño que ocasionó a los menores el vivir a temprana edad una situación tan traumática, de ese tipo.
La familia de los afectados pidió $200 millones. Sin embargo, la jueza Carolina Rivas estableció que el monto indemnizatorio quedara en $60 millones, condenando así a la Junji y al propio imputado, quien actualmente está privado de libertad.
"La demanda Junji pudo impedir los ilícitos de que fueron víctimas los hijos de las demandantes, empleando el cuidado ordinario y la autoridad que le compete en la elección de su personal, en el control de su asistencia y horarios, en la fiscalización de su personal directivo y en la mantención de un número de personal adecuado para la atención de los menores que acudían al jardín de su dependencia", dice la jueza.
Pese a que la Junji alegó que ellos se habían hecho responsables del tratamiento sicológico de los menores y sus familias, el tribunal señaló que esto "no permiten excluir la existencia del daño moral a las víctimas y sus madres".
Ahora todo está en manos de la Corte de Apelaciones de Concepción quien deberá resolver si acoge las apelaciones contra esta sentencia o si sube el monto indemnizatorio como solicitan los demandantes.