SANTIAGO.- El diputado Sergio Ojeda (DC) dijo que no renunciará a su cargo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara tras verse involucrado en una denuncia contra falsos exonerados políticos que fueron beneficiados con pensiones estatales.
El programa "Contacto" mostró anoche testimonios que señalaron que Ojeda -al igual que otros parlamentarios concertacionistas-, ayudó personas a acogerse a estos beneficios con documentación falsa, con el propósito de beneficiarse con votos en las elecciones.
"Todos los certificados que entregue se ajustan a las normas exigidas, la ley nos autorizaba para apoyar las solicitudes; y éstas debían ser analizadas y ratificadas posteriormente por una comisión especial", se defendió Ojeda, a quien legisladores de RN y la UDI le pidieron su renuncia a la cabeza de la mencionada comisión.
Sin embargo, Ojeda acusó que "lo que hay detrás (de la acusación), especialmente de las declaraciones de la diputada Karla Rubilar, es el ánimo de silenciar y desestabilizar a la comisión de Derechos Humanos".
Según el parlamentario opositor, esta persecución hacia el organismo que encabeza se debe a que "ha dedicado a poner en agenda todos los abusos que el país ha visto en los últimos meses: las detenciones ilegales, la criminalización del movimiento estudiantil, la persecución a los mapuches y los atropellos de las fuerzas policiales en las manifestaciones".
"No nos van a silenciar", aseguró Ojeda, agregando que "si la diputada Rubilar pretende desestabilizar la comisión de Derechos Humanos y sacarme del camino, sepan bien que seguiré apoyando la causa de la defensa irrestricta de los Derechos Humanos".
Sobre las personas de su región a las que entregó certificados, precisó que "no los abandoné; certifiqué su calidad de trabajadores y de exonerados porque los conocía. Fui abogado de los trabajadores agrícolas de la Hacienda Rupanco, donde conocía a cada trabajador y a sus familias, como también fui abogado de los Sindicatos Agrícolas y otros por muchos años. Esto me daba la autoridad para ayudarlos".
En tanto la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, anunció que hará una investigación "porque si comprobamos que hay gente que haya dadocertificados falsos, esto tiene que ser llevado a la justicia". Agregó que "si alguien ha firmado un certificado en que no le consta de verdad lo que ha dicho, es un certificado falso" y que "eso es fraude".