Caso Bombas: Sumario apunta a citas entre Hinzpeter y ex fiscal Peña

SANTIAGO.- Una serie de eventuales faltas administrativas deberá esclarecer el fiscal jefe de la Unidad que Tramita Causas Menos Complejas en la Fiscalía Sur, Osvaldo Montero, quien fue designado este jueves para instruir el sumario en contra del ex fiscal Alejandro Peña y los prosecutores que llevaron adelante el denominado caso Bombas, en el que resultaron sobreseídos del delito de asociación ilícita terrorista 13 acusados.

La indagatoria administrativa, según revelaron a Emol fuentes del caso, apunta principalmente a tres hechos que podrían constituir graves infracciones a nivel disciplinario. La principal, proporcionada por la denuncia del diputado PC Hugo Gutiérrez, apunta a una serie de reuniones que habrían sostenido durante la investigación el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y su actual subordinado, el ex fiscal Peña.

Este último lideraba en esa época el equipo de trabajo que detuvo a los 14 supuestos implicados en los bombazos de la Región Metropolitana. Tiempo después, anunció su renuncia al Ministerio Público para asesorar a la División de Seguridad de la cartera de Interior.

Principio de objetividad

Los registros formales señalan que Hinzpeter, quien obraba como querellante de la causa, habría sido recibido en tres oportunidades para informarse del avance de la causa. Según la denuncia, una de esas citas se habría concretado justo antes del 14 de agosto del 2010, cuando se llevaron a cabo las detenciones en la causa.

Hasta ahí todo estaría en orden, pues dicha actuación es parte de los derechos que tienen los intervinientes. Sin embargo, trascendió que lo que se buscará esclarecer son citas informales que se habrían realizado en horas ajenas al horario de atención establecido por esa repartición del Ministerio Público, pues esto podría afectar el "principio de objetividad" que rige el trabajo de los fiscales.

Presunto festejo

Otro de los puntos, que deberá esclarecer el sumariante Montero es un presunto festejo que habría tenido lugar -según el reclamo- en dependencias de la Fiscalía Sur, la misma noche en que los 14 detenidos del caso fueron formalizados, quedaron en prisión preventiva y fueron sujetos a otras medidas cautelares.

Esta situación, según allegados al reclamo, podría vulnerar el derecho a defensa que tiene toda personas imputada de un delito, pues hasta la condena ejecutoriada rige el "principio de inocencia" y las fiscalías actúan como órganos autónomos sin intereses particulares.

Finalmente, la tercera denuncia que Montero deberá esclarecer -y que coincide con un sumario que él ya tramitaba y que está en curso debido a la petición de las defensas- es el supuesto desorden con que se habría confeccionado la acusación que se presentó en la preparación de juicio. Ello determinó que la Corte de Apelaciones confirmara la exclusión de evidencia que era clave para determinar la presunta asociación ilícita terrorista.

A contar de mañana, el sumariante Montero tiene 10 días para informar al fiscal regional Raúl Guzmán si cree que existen faltas administrativas y recomendar sanciones si es el caso o sobreseerlo a nivel administrativo. Finalmente, resolverá sobre el sumario el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, quien en este tipo de causas disciplinarias siempre tiene la última palabra.