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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 12:26
SANTIAGO.- La Fiscalía Centro Norte se encuentra tramitando una denuncia en que se pide investigar en el ámbito penal a dos funcionarios del Servicio Médico Legal (SML) que se habrían negado a realizarle exámenes a una menor de 9 años, presuntamente violada, argumentando que se encontraban en paro.
Información recabada por Emol da cuenta de que el fiscal jefe de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Sur, Patricio Pérez, pidió que se indaguen estos hechos pues a su juicio los trabajadores podrían estar incurriendo en un delito al negarse a atender a la menor.
Los hechos se remontan al 20 de octubre pasado cuando la niña C.P.L. llegó hasta esas dependencias del Ministerio Público para denunciar que fue víctima de un ataque sexual. La causa fue acogida por el fiscal Hernán Soto quien de inmediato ordenó, entre otras diligencias, el traslado de la víctima al SML para parcticar las pericias de rigor.
Horas más tarde, Carabineros le informó al fiscal Soto que en la entidad legista se negaron a practicarle el examen ordenado a la menor, por lo que el investigador llamó directamente al SML siendo atendido, según la denuncia, por Marcela Véliz Díaz quien le explicó que no realizarían la pericia porque los trabajadores estaban en paro.
Denegación de auxilio
Soto habría ido aún más allá y, según comentan en el Ministerio Público, se puso en contacto con un médico de la institución, Jorge Ceballos Vergara quien ratificó que no practicaría el examen debido a que su auxiliar Marisol Barra también está movilizada y no estaban las condiciones para ello.
Esto habría molestado al jefe de flagrancia, Patricio Pérez, quien fue hasta la Fiscalía Centro Norte señalando que tras haberse impartido una orden al organismo auxiliar en el marco de una investigación penal por un eventual delito sexual con su negativa se podría configurar el simple delito que se le puede imputar a funcionarios públicos por el desempeño de sus labores.
La infracción invocada es el artículo 253 del Código Penal que señala que "el empleado público del orden civil o militar que requerido por autoridad competente, no prestare, en el ejercicio de su ministerio, la debida cooperación para la administración de justicia u otro servicio público, será penado con suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez sueldos vitales".
La denuncia apunta a los funcionarios que se comunicaron con el fiscal Soto y a todos aquellos que resulten responsables de esta presunta "denegación de auxilio".
Durante la semana pasada, el SML realizó una paralización de sus actividades en protesta por el presupuesto asignado para el servicio para el próximo año y con el propósito de que la autoridad escuche sus demandas. En paralelo a estas actividades se realizaron turnos éticos en los que la mayoría de los requerimientos fueron atendidos, por lo que esta situación podría tratarse de un hecho puntual que debe ser indagado.
Por este último motivo, la Fiscalía Sur ofició al director del SML, doctor Patricio Bustos, para que abra un sumario y se investigue esta conducta también en el plano administrativo, lo que será resuelto en los próximos días.
