SANTIAGO.- Tras participar en una sesión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en el ex Congreso Nacional, el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter destacó que en materia de seguridad no sólo el Gobierno juega un rol, sino también el Ministerio Público y los jueces.
"En seguridad ciudadana somos muchos los actores que tenemos que hacer una labor, por eso hemos planteado que el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen mucho que decir y concretamente", señaló.
Asimismo, expresó que el Ejecutivo analizará la propuesta que hizo el Instituto Libertad y Desarrollo respecto a que jueces y fiscales sean electos por votación popular para ocupar esos cargos.
"Esto es algo que existe en otras partes del mundo y nosotros como Gobierno nunca podemos desestimar inmediatamente una propuesta que está orientada a mejorar el combate en contra de la seguridad ciudadana", expresó.
Asimismo, aseguró que "todas las propuestas que se hagan en materia de seguridad ciudadana la vamos a analizar. No es un planteamiento que haya hecho el Gobierno, pero sí lo vamos a analizar".
Este lunes había sido el propio ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien descartó esa posibilidad señalando que el nombramiento y designación de magistrados y fiscales está en la Constitución.
No legislar sobre hechos puntuales
Un rechazo ha tenido esta propuesta tanto al interior del Ministerio Público como el Poder Judicial. Prueba de ello fueron las palabras del fiscal regional de la zona oriente, Alberto Ayala, quien a la salida de la comisión expresó que él coincidía con lo planteado por el presidente de la Corte Suprema Milton Juica respecto a que esa fórmula no ha funcionado en el mundo.
"Coincido con lo que señaló el presidente de la excelentísima Corte Suprema, en el sentido de que el sistema de elección de jueces y fiscales es el sistema menos usado en el mundo y hay que hacer un análisis de lo que ha sido la experiencia internacional", dijo.
Junto con ello el jefe regional expresó que "legislar sobre hechos puntuales tanto desde el punto de vista adjetivo como sustantivo no es bueno en un Estado democrático de Derecho".
Expresó además que "la sociedad chilena al inicio de la Reforma Procesal Penal optó por una postura muy clara: alejar y establecer la designación de quienes iban a tener a su cargo la persecución penal de las decisiones políticas, porque iba a dar más seguridad, transversalidad, más transparencia a los procesos investigativos. Esto no significa desmerecer el trabajo que hace la clase política".
Finalmente recordó que "el sistema procesal penal de Chile es el más exitoso de América Latina y sus resultados sólo son comparables a los de los países desarrollados".