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Santiago: Jueves 30 de enero del 2025 | Actualizado 00:11
El fiscal regional de Magallanes Juan Agustín Meléndez.
Fiscalía de Chile.SANTIAGO.- "Fue una investigación compleja, pero nos quedamos con la satisfacción de que por fin la familia de Fernando Ojeda podrá cerrar el ciclo y sentir que se hizo justicia", dijo este jueves el fiscal regional de Magallanes, Juan Agustín Meléndez, al enterarse de que la Corte Suprema ratificó la condena de 10 años de cárcel en contra de Pablo Ayancán el autor de este macabro crimen ocurrido en el extremo sur del país.
En conversación con Emol la autoridad regional del Ministerio Público explicó que fue el propio máximo tribunal el que rechazó el recurso presentado por la defensa y que buscaba anular el juicio en el cual se consiguió esta pena en el marco de una investigación que, confiesa, no fue fácil.
"No es la primera vez que ocurre un caso de este tipo en que no se cuenta con el cadáver de la víctima para poder condenar al hechor. Sin embargo, fue complejo desde el punto de vista de que esta discusión estuvo desde el principio. De todas formas reunimos una cantidad de pruebas, testimonios y evidencias científicas suficientes para esclarecer este caso y llevar a la justicia al responsable", dijo el fiscal Meléndez.
El caso se remonta a la madrugada del 20 de febrero de 2009, mientras los tripulantes Pablo Ayancán y Fernando Ojeda se encontraban abordo de la Lancha Pesquera "Adonay I", la que estaba atracada en el muelle de Puerto Natales esperando zarpar rumbo al sector de Isla Cóndor.
Un discusión habría motivado que Ayancán le disparara a su compañero con una escopeta calibre 16 sin número de serie ni autorización, dejándolo mal herido sobre la cubierta mientras iniciaba la navegación rumbo a Punta Guesalaga. Al llegar al puerto el imputado, según se estableció en el juicio, se detuvo a llenar sacos con piedras, que posteriormente amarró al cuerpo de la víctima, para luego lanzarlo al mar.
El fiscal regional de Magallanes dijo que fue fundamental en esta indagatoria el profesionalismo con el que actuó el Ministerio Público. "Contamos con un testigo presencial, pruebas de ADN levantadas desde la embarcación y que correspondían a la víctima y una serie de pruebas que nos permitieron lograr esta condena", expresó.
Durante dos años el caso estuvo suspendido en espera de mayores evidencias. Tras esto la fiscalía pidió su reapertura, perseverando en esta investigación, y terminando esta causa con una sentencia confirmada por el máximo tribunal del país.
