SANTIAGO.- El Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial emitió esta tarde un comunicado en que el aclara que los miembros de la instancia acordaron "por unanimidad que no había mérito para denunciar a la justicia penal" el caso de los contratos inmobiliarios.
En una declaración pública, el Consejo señala que circunscribieron "los hechos exclusivamente a la responsabilidad administrativa", al detectar la concentración de empresas en la adjudicación de contratos de arriendo.
Esto, luego que la Fiscalía Centro Norte pusiera en marcha una investigación para determinar si existieron delitos en la adjudicación de contratos inmobiliarios del Poder Judicial, debido a que podrían haber ilícitos en la entrega de proyectos de edificación de juzgados a la Inmobiliaria e Inversiones El Vergel y otras sociedades vinculadas a esta firma. Las empresas podrían haberse coludido por obras avaluadas en $63 mil millones.
El miércoles, un reportaje de CNN reveló una grabación del presidente del máximo tribunal, Milton Juica, en la que el magistrado señalaba que no era necesario denunciar los hechos al Ministerio Público, ya que no constituirían delito. Asimismo, se escuchaba la voz del ministro Sergio Muñoz afirmando que la situación sí podría revertir carácter de ilícito.
Al respecto, el Poder Judicial sostiene que en la sesión del Consejo del 3 de agosto "se conoció la investigación administrativa instruida por la Ministra Consejera Sra. Araneda sobre las denuncias de la Contraloría Interna de la Corporación Administrativa relativa a la concentración de empresas que se adjudicaron los contratos de arriendo con construcción..." y "se decidió sancionar al entonces Jefe del Departamento de Infraestructura de la CAPJ, quien después presentó su renuncia al cargo".
Acota que la discusión sobre los alcances del caso se dio no sólo entre el Presidente de La Corte Suprema y el ministro Muñoz, sino que tomaron parte también los magistrados Rubén Ballesteros y Raúl Valdés.
Aludiendo a la filtración del audio de Juica, el Consejo señala que las sesiones son grabadas para el sólo efecto de "hacer concordar los aspectos discutidos y su resolución en un acta", y que ellas tienen un carácter reservado por ser deliberación previa al acuerdo final.