Contraloría aclaró que no tiene "competencia" para indagar presunta colusión en construcción de juzgados

SANTIAGO.- El contralor general de la República, Ramiro Mendoza, aclaró que el organismo que preside no tiene "competencia" para indagar la supuesta colusión de tres empresas ligadas entre sí por accionistas en la adjudicación de contratos de construcción de nuevos juzgados en el país.

De esta forma, la autoridad desechó el planteamiento del diputado Gustavo Hasbún (UDI), quien había manifestado que el órgano contralor iniciara una investigación paralela a la que  pudiera llevar adelante la Fiscalía o el Poder Judicial.

"En general la fiscalización de las obras del Poder Judicial y del gasto público de la Corporación Administrativa del Poder Judicial no es competencia nuestra, porque si usted mira dónde está esa institucionalidad está en el código orgánico de los tribunales, y si usted ve quiénes son los responsables de este gasto es la Corte Suprema a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial", señaló Mendoza esta mañana.

La investigación interna del Poder Judicial que reveló que, entre 2004 y 2008, tres empresas se adjudicarán el 83% de estas licitaciones directas de construcción, causó polémica tras la filtración de un audio en que al presidente saliente de la Corte Suprema, Milton Juica, se le oye decir que no se atrevería a hacer una denuncia penal, porque "nos vamos a las pailas, porque aquí se nos mete el Ministerio Público y nos incauta todo el material".

Estas declaraciones se produjeron el 2 de agosto pasado en medio de una reunión del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), donde Juica rebate al ministro Sergio Muñoz, quien sostiene que se podría estar frente a un caso de colusión, señalando que no había delito, y que los antecedentes no debían ser enviados al Ministerio Público.

Finalmente, el 10 de agosto, el Pleno de la Corte Suprema aprobó la investigación administrativa realizada por la ministra Sonia Araneda, y sólo decidió sancionar con una amonestación privada al entonces jefe del Departamento de Infraestructura de la CAPJ, Gonzalo Díaz, por mal manejo. Éste luego renunció al cargo.