Las viudas de ex trabajadores de Enami buscan justicia.
Tomás Fernández, El Mercurio.SANTIAGO.- Este jueves se realizará en el Juzgado de Garantía de Quintero la audiencia en la cual la justicia debe resolver su da curso a la solicitud de exhumación de los cuerpos de 28 ex funcionarios de Enami-Codelco que fue presentada por el abogado que representa a las familias de las víctimas, Raúl Meza.
Asimismo, el profesional señaló que en esta instancia judicial se debatirá sobre una solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por el fiscal Mauricio Dunner respecto de 22 de los 28 casos que investiga por estimar que las muertes de dichos ex funcionarios no serian producto de la contaminación.
"Esta audiencia judicial es el segundo intento del fiscal jefe de Quintero, Mauricio Dunner por impedir la diligencia de exhumación de los cuerpos de los ex funcionarios mineros fallecidos por exposición a metales pesados durante su vida laboral en la minera estatal", señaló Meza y luego recordó el revés que tuvo el Ministerio Publico el 2 de enero pasado cuando la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó el fallo en que el tribunal de garantía de esa ciudad se declaró incompetente de seguir conociendo la causa.
"Además, la resolución del tribunal de alzada ordenó que se debe seguir conociendo de los cuasidelitos de homicidios y lesiones graves-gravísimas en contra de los ex funcionarios Enami-Codelco a causa de la exposición por mas 30 años a la contaminación de metales durante su vida laboral al servicio de la empresa minera estatal", explicó el abogado a través de un comunicado.
Meza adelantó que pedirá la realización de estas exhumaciones que a su juicio son vitales pues el Servicio Médico Legal (SML) puede establecer a través de pericias toxicológicas la presencia de los metales nocivos en las víctimas. Para el querellante "el Ministerio Publico ha vulnerado la garantía constitucional de que toda víctima tiene derecho a una racional y justa investigación, la cual no se cumple, sin antes exhumar los cuerpos de las víctimas para que se determine la causa medico legal de su muertes".
De concederse la diligencia, esta seria la mayor exhumación de cuerpos que se decretaría desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal el año 2000 y la segunda más importante, después de las causas de derechos humanos tramitadas en el sistema penal antiguo.