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Santiago: Miércoles 04 de diciembre del 2024 | Actualizado 00:35
SANTIAGO.- Luego que el Ministerio Público anunciara la formalización del capitán de corbeta Andrés Enríquez Olavarría y del teniente Mario Andina Medina, junto a otras seis personas, por su responsabilidad en el cuasidelito de homicidio de quienes murieron por la alerta fallida de maremoto el 27 de febrero del 2010, la Armada emitió un comunicado anunciando que ambos serán trasladados a cumplir nuevas funciones.
"Ante la solicitud de audiencia de formalización por el caso tsunami, que incluye a dos oficiales en servicio activo de la institución, la Armada de Chile informa que dichos oficiales serán trasladados a cumplir funciones en la Dirección General del Personal de la Armada, mientras se completa el proceso judicial pertinente", dice el texto de la institución naval.
Andina se desempeñaba como jefe de turno en el SHOA el 27-F, mientras Enríquez era asesor técnico del organismo de la Armada.
Junto a ellos, también serán formalizados el ex director del SHOA, comandante Mariano Rojas, quien -según los antecedentes de la indagatoria- sería uno de los responsables de haber cancelado la alerta de maremoto.
A nivel político, se levantarán cargos contra el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y la entonces directora de la Onemi Carmen Fernández.
También serán llevados ante la justicia el jefe del Centro de Alerta Temprana (CAT), Johaziel Jamett, quien evaluó esa madrugada el fax enviado por el SHOA dependiente de la Armada; el jefe de turno del organismo Osvaldo Malfanti, quien era responsable de entregar la asesoría técnica a las autoridades presentes en la Onemi para decretar la alerta de tsunami en las costas del país; y el sismólogo de la Universidad de Chile, Carlos Aranda Zapata, quien durante la tragedia asesoró en la Onemi a la entonces Presidenta Michelle Bachelet.
El ente perseguidor penal señala que esta solicitud de formalización "se encuentra fundada en el estudio de un conjunto de antecedentes que en esta etapa procesal permiten presumir la existencia de delitos culposos en el desempeño de un grupo de personas por su participación en la toma de decisiones en los organismos técnicos mandatados para emitir y difundir la alerta de maremoto a la población".
