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Santiago: Martes 03 de diciembre del 2024 | Actualizado 16:06
El jefe de la UCIEX, Jorge Chocair, junto al abogado de la Fiscalía Nacional, Eduardo Picand, gestionaron ante las autoridades bolivianas la devolución de vehículos.
Héctor Yáñez, El Mercurio.SANTIAGO.- La Fiscalía de Chile informó este jueves, a través de su sitio web, que llegó hasta la Unidad de Cooperación Internacional y de Extradiciones (UCIEX) un documento oficial de la cancillería de Bolivia en el que la autoridad del vecino país se compromete a devolver, a más tardar en abril de este año, alrededor de 600 vehículos que fueron reclamados por el Ministerio Público chileno, ya que se trata de autos sacados del territorio nacional por organizaciones criminales dedicadas al robo.
Los vehículos fueron incautados en Bolivia gracias a las insistentes gestiones de la Fiscalía de Chile con su par boliviano y el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Así se desprende de un oficio enviado por la Cancillería boliviana a Chile, informando que "el gobierno boliviano procederá en un máximo de 45 días a la entrega".
El oficio, que ya está en poder de la UCIEX establece que los países requirentes –junto a Chile se suma Brasil, Argentina, Perú y Uruguay- deberán enviar en un formulario único establecido por la cancillería boliviana, el listado del total de vehículos reclamados, lo que será canalizado desde las primeras semanas de marzo "a través de los distintos consulados".
Este es un procedimiento inédito por su envergadura. En la devolución participará el ejército boliviano, quien prestará protección "para evitar bloqueos y otros problemas derivados del costo social que la entrega supone".
La historia del requerimiento
La primera gestión realizada por el Ministerio Público fue un oficio del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, a su par en boliviano, el Fiscal General Mario Uribe, el 2 de septiembre de 2011.
A pesar de que las gestiones avanzaron rápidamente, la Cancillería del vecino país retardó la devolución, invocando que Chile no había ratificado la Convención del Mercosur del año 1999, relativa a la repatriación de vehículos. El Ministerio Público respondió que sí habían tratados que ya habían sido firmados y que permitían el regreso de los automóviles, entre ellos el de Palermo. Para aunar una posición jurídica, el 3 de febrero, el Fiscal Nacional (s), Alberto Ayala, se reunió con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Fernando Schmidt.
El documento boliviano también destaca que los convenios invocados en esta masiva devolución fueron lo que presentó el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, desde el inicio de esta operación de regreso de vehículos. Se trata de la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal, suscrita en Nassau el 23 de mayo del 1992, de la cual son parte todos los países involucrados.
