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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 17:51
AYSÉN.- En suspenso. Así quedó la declaración de admisibilidad del requerimiento presentado este viernes por el Ministerio del Interior en contra de 22 personas de la Región de Aysén contra las cuales se invoca la Ley de Seguridad del Estado por presuntos actos violentistas en el marco de las manifestaciones del movimiento social de esa zona. Esto por un error administrativo que habrían cometido los abogados del Ejecutivo al momento de interponer el requerimiento.
El juez de Letras y Garantía de Puerto Aysén, Juan Patricio Silva, determinó decretar una diligencia antes de resolver si acoge o no a tramitación la querella presentada bajo la gravosa normativa luego de darse cuenta que el Gobierno presentó una fotocopia que acredita al Ministerio del Interior como aplicador de la ley y no un documento original o copia autorizada como lo señala el código.
De esta forma quedó pendiente la admisibilidad del requerimiento que, de acogerse a trámite, debería ser enviado al Ministerio Público.
"Previo a proveer, exhíbase dentro de tercero día, en original o en copia autoriza el título en cuya virtud comparece el querellante de autos, conforme lo dispuesto en el inciso 6° del Código de Procedimiento Civil aplicable en la especie, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud, para todos los efectos legales, atento lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 18.120", dice la resolución del magistrado.
Los antecedentes presentados por el Ejecutivo -según lo visto por el juez- incluyen una fotocopia simple del documento que acredita la representación del Ministro de Interior, pero la ley exige que se presente un documento original o una copia autorizada, lo que no se configuró hoy.
La justicia, una vez subsanada esta falta de antecedentes, resolverá si declara admisible la querella que invoca la Ley de Seguridad del Estado.
Al respecto, el senador Patricio Walker calificó como "un bochorno para el Gobierno" el error administrativo que impidió que se acogiera a trámite la querella.
"No sólo hay una falta de competencia política del Gobierno y de oficio, sino que también hay una incompetencia jurídica ya que cualquier abogado con tercer año de derecho debe saber todos los elementos necesarios para que sea acogido un requerimiento por Ley de Seguridad del Estado", dijo.
