SANTIAGO.- La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por una comunidad aymara de la Región de Tarapacá y ordenó realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en un proyecto de prospección minera que no consideró una consulta a los indígenas que habitan esa zona.
En fallo unánime, la tercera sala del máximo tribunal acogió la acción cautelar en contra de la decisión de la Comisión Regional de Medioambiente de Tarapacá que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denominado "Sondaje de Prospección Paguanta".
El dictamen establece un actuar arbitrario de la entidad regional al no someter el proyecto a un EIA y tampoco realizar una consulta a las comunidades indígenas de la zona, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que se emplaza en el área de protección denominada "Jiwasa Orage".
"Como consta en el proceso de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), durante la tramitación de la misma efectuó constantes reparos a la aprobación de referida Declaración fundados en la existencia del Área de Desarrollo Indígena 'Jiwasa Orage', como también en el asentamiento del proyecto cerca de la Comunidad Indígena Aymara de Cultane", dice el fallo.
Además los sentenciadores agregan que es necesario someter el proyecto a un EIA que establezca con rigurosidad "el estado o línea base del entorno de emplazamiento del proyecto, de manera tal que le permita al titular establecer líneas de acción o medidas para evitar efectos no deseados en el ADI y en la población indígena dentro de ésta área".