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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 11:53
VALPARAÍSO.- Hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso acudirá este lunes el abogado Raúl Meza -quien obra como querellante en la investigación del denominado caso Tsunami- para solicitar que sea la justicia naval la que se haga cargo de esta causa en la que se indaga la responsabilidad de autoridades civiles y militares en las muertes que causó la fallida alerta de maremoto tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.
La idea, según el profesional, es lograr condenas más altas para los presuntos responsables de la tragedia, debido a que "por cuasidelito de homicidio e incumplimiento de deberes militares la pena podría llegar a 5 años y un dia de pena efectiva a diferencia de la pena que se podría obtenerse, si esta causa siguiera radicada ante la justicia penal ordinaria, esto es, una pena de 3 años, bajo régimen de libertad".
Cerca del mediodía, el jurista llegará hasta el tribunal de alzada porteño para pedir formalmente un ministro en visita extraordinario que indague y juzgue los delitos militares en los que habrían incurrido el ex comandante en jefe Mariano Rojas Bustos, el teniente primero Mario Andina Medina, y el capitán de fragata de la Armada Andrés Enríquez Olavarría, éstos últimos funcionarios del Shoa.
Todos ellos serán formalizados el próximo 7 de mayo por la fiscal regional de la zona occidente, Solange Huerta, ante el Séptimo Juzgado de Garantía por cuasidelito de homicidio.
El 2010, el abogado Meza ya había solicitado a la Corte de Valparaíso una indagatoria castrense en contra de los funcionarios de la Armada, en dicha oportunidad el pleno del tribunal de alzada expresó que "aún no se había establecido la existencia de un hecho punible de que deba conocer la justicia naval, de manera que la solicitud resulta improcedente, por ahora".
"Los antecedentes de la investigación y el informe realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) permitirían concluir que se habrían configurado delitos militares que son de exclusiva competencia de la justicia naval y no de la justicia penal ordinaria", dijo el abogado.
Asimismo, señaló que "el objetivo de esta petición judicial es radicar completamente la investigación y el juzgamiento de los delitos comunes y militares que se habrían cometido el 27/F, por parte de funcionarios civiles y uniformados en dependencias de la Onemi y el Shoa, ante la justicia naval, y de esta manera, lograr la incompetencia de la justicia penal ordinaria y consecuentemente, la del Ministerio Publico para seguir conociendo de estos hechos y de la eventuales responsabilidades penales que correspondan".
