Cámara de Diputados inicia discusión sobre acusación constitucional contra Hinzpeter

VALPARAÍSO.- Pasada las 11:30 horas, la Cámara de Diputados inició la discusión para analizar la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por su responsabilidad en el uso "excesivo" de la fuerza por parte de Carabineros durante las protestas encabezadas por el Movimiento Ciudadano de Aysén ocurridas entre febrero y marzo de 2012.

Tras la presentación de un informe de la comisión que revisó el líbelo, formada por tres diputados oficialistas y dos de oposición, el abogado del jefe de Gabinete, Juan Domingo Acosta, procedió a detallar los argumentos que sostiene la defensa de Hinzpeter, los cuales tienen que ver con que el ministro no tiene ninguna relación con los hechos que se le imputan ya que él no tenía injerencia directa en el procedimiento desarrollado por la policía durante las manifestaciones, según explicó.

Acosta detalló esta tesis señalando que el mismo General Director de Carabineros, Gustavo González Jure afirmó que Hinzpeter "no tenía injerencia directa en las actuaciones operativas de Carabineros de Chile, cuyos conceptos fueron profundizados con ocasión de su comparecencia a la comisión que revisó esta presente acusación constitucional".

El abogado señaló además que la función del secretario de Estado se limitó a la "coordinación política" en la zona durante el conflicto con la Intendenta Pilar Cuevas y el subsecretario de la Presidencia, Claudio Alvarado, por lo que "no hay mérito suficientes" para llevar adelante esta acusación.

"En base a estos antecedentes, la tergiversación de la naturaleza jurídica del juicio propio de la acusación constitucional es un juicio que en vez de ser de derecho se pretende transformar en un juicio de carácter político", agregó Acosta. 

La acusación, presentada por 11 parlamentarios de la oposición, no sería aprobada debido al rechazo del oficialismo y las diferencias que existen al respecto en la DC y el PPD, donde varios diputados ya han manifestado que no votarán a favor del líbelo por considerar que no tiene fundamentos suficientes para ser aplicado.