Corte acogió recurso de amparo contra la PDI por caso de corrupción en Arica

SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de amparo interpuesto por el jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Arica y Parinacota, Víctor Providel, en contra de la Policía de Investigaciones (PDI) de esa ciudad.

Ello, luego de que efectivos de la PDI impidieran que varios defensores públicos se entrevistaran privadamente con 12 personas que fueron detenidas por los detectives el 23 de abril pasado, en el contexto de una investigación que involucra al alcalde de la comuna, Waldo Sankán, a seis concejales y a varios funcionarios municipales y empresarios de la zona por un supuesto fraude superior a los mil millones de pesos.

Según el fallo, "de los hechos narrados y de los antecedentes reunidos es posible concluir que la actuación de la Policía de Investigaciones de Chile, al disponer la presencia de funcionarios de esa repartición, a corta distancia, al momento de la entrevista entre los imputados detenidos y sus abogados defensores, agravó la situación procesal de éstos, afectando gravemente su derecho a comunicarse en privado".

La resolución agrega que en cuanto a las razones de seguridad señaladas por la PDI para justificar la presencia de los detectives en tales entrevistas, "no se divisa por esta Corte cómo los abogados podían constituirse en agentes de peligro para sus respectivos clientes, razón por la cual la presencia del aludido funcionario, además de vulneratoria resultaba innecesaria".

Por lo mismo, los magistrados decidieron acoger el amparo, "sólo en cuanto se dispone que la institución recurrida deberá abstenerse de efectuar actuaciones que entraben el ejercicio del derecho de defensa de los detenidos, en su específica faceta de la entrevista privada con sus abogados defensores, fuera de los casos previstos por la ley".

Entrevistas en el cuartel de la PDI

Los hechos que originaron el recurso de amparo ocurrieron tras la detención de los representantes comunales. Tal como denunció en ese momento el Defensor Regional de Arica y Parinacota, Claudio Gálvez, los defensores encontraron trabas en el ejercicio de sus funciones al momento de entrevistarse con sus representados en el cuartel de la PDI.

Varios profesionales de la DPP acudieron ese día hasta el recinto policial para conocer directamente las versiones de lo imputados, pero no pudieron entrevistarse con ellos con la privacidad que la ley permite, ya que la PDI mantuvo a sus efectivos en las celdas, lo que imposibilitó ejercer cabalmente el derecho a defensa.

"Nos preocupa que una investigación legítima conlleve procedimientos que no cautelen las garantías constitucionales que cualquier persona posee. Nadie se opone a que se indague sobre presuntos delitos, pero cualquier ciudadano -sea autoridad o no- debe ser respetado y la policía debe cumplir su deber sin transgredir ni las leyes chilenas ni los tratados internacionales", explicó Gálvez al comentar lo ocurrido en ese momento.