Minuto a minuto: Juez prohíbe a imputados salir del país y rechaza prisión preventiva (fin)

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SANTIAGO.- Su cuarta jornada vive este jueves la audiencia de formalización contra las ocho autoridades acusadas como las responsables del cuasidelito de homicidio de 156 personas y la desaparición de otras 25 por la alerta fallida de maremoto, el 27 de febrero de 2010.

La ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, y el entonces subsecretario del Interior, Patricio Rosende, figuran entre los acusados en la investigación sostenida por la fiscal regional, Solange Huerta. Sigue el minuto a minuto de la audiencia a través de Emol.

16:06.- Al término de la audiencia, uno de los imputados, el ex jefe del de Centro Alerta Temprana, Jozahiel Jamett, reiteró que "con las tecnologías que había en ese momento, fue todo lo que pudimos hacer".

16:04.- Por último, el magistrado dijo ser competente de conocer de esta indagatoria sin perjuicio de que ese debate se realice más adelante.

16:01.- Urrutia decreta la prohibición de los imputados de salir del país (arraigo) y rechaza la medida de firma mensual. Además, da un plazo de siete meses para la indagatoria del caso.

16:00.- "Estos antecedentes dan cuenta que se justifica la plausibilidad de la existencia del delito por el cual se le formalizó a los imputados", dijo.

15:59.- El magistrado califica como material importante para la investigación los fax enviados por el SHOA a la Onemi, y las comunicaciones de las autoridades con los medios de comunicación, las declaraciones de imputados y testigos, además del informe extenso de la Policía de Investigaciones (PDI).

15:58.- Urrutia da cuenta de los sistemas de apoyo técnicos que tenían los expertos y las redes de comunicación que hubo tanto en la Armada como en la Onemi, incluyendo el fax y los teléfonos satelitales "que parece que no estaban en ese momento, pero eso será materia de fondo".

15:57.- Reseña que ése día (27 de febrero), el SHOA funcionaba con un sistema de turno y vuelve a mencionar a los oficiales de la Armada.

15:56.- Urrutia detalla sobre los comités de emergencia y del COE, que es dirigida y responsabilidad de la autoridad política.

15:55.- Añade que existía el Servicio de Sismología de la Universidad de Chile y subraya que el jefe operativo era Carlos Aranda. Relata las funciones del SHOA según el plan nacional de protección civil.

15:54.- Indica que para el megasismo, el director del SHOA era Mariano Rojas y sus asesores Andrés Enríquez y Mario Andina.

15:53.- Además, dice que la Onemi contaba con la CAT, cuyo jefe era Johaziel Jamett; había un jefe de turno Osvaldo Malfanti y que esta entidad operaba con un manual de instrucciones y que conforme a esa reglamentación toda alerta debería haber sido emitida.

15:51.- Sobre las circunstancias de la ocurrencia de los hechos, recuerda el terremoto del 27-F, el Sistema Nacional de Alerta de Maremotos (SNAM) -dependiente del SHOA-, el acceso a los boletines del PTWC, el decreto que crea la Onemi y quien era su directora Carmen Fernández.

15:50.- "Quiero dejar en claro no se está decidiendo respecto del fondo. Esa instancia es el juicio oral y éste no es el momento, por lo que esta resolución tiene un ámbito de probabilidad", sostiene el juez.

15:49.- Urrutia habla del principio de proporcionalidad entre las cautelares y los hechos investigados.

15:48.- Dice que estas cautelares son para asegurar la comparecencia de los imputados a la indagatoria.

15:47.- Ahora, analiza la solicitud de firma mensual y arraigo pedido por la fiscalía y el contexto de estas medidas cautelares en un Estado de derecho.

15:46.- Urrutia dice que mantener a los imputados encerrados en sus casas no se justifica y que es una medida desproporcionada. Rechaza tajantemente la petición.

15:45.- "La solicitud de prisión preventiva del querellante no tiene asidero", dice el juez y rechaza tomar en cuenta la medida y también la petición subsidiaria de arresto domiciliario.

15:43.- El tribunal dice que no son situaciones comparables, pues uno es doloso (saqueo) y culposo (cuasidelito).

15:42.- Urrutias dice que el querellante basa su solicitud de prisión preventiva en el carácter de los delitos imputados y recuerda que el abogado Raúl Meza ejemplificó lo que ocurrió en Concepción con los saqueos.

15:40.- Sobre la solicitud de prisión preventiva que hizo uno de los querellantes, el magistrado recuerda que la ley pide que se configuren ciertos requisitos como la existencia de antecedentes calificados y se considere que esta cautelar es indispensable o que la libertad del imputado sea un peligro para la seguridad de la sociedad.

15:35.- El juez Daniel Urrutia ingresa a la sala para dar cuenta de su resolución.

14:29.- El tribunal señala que como no hay incidente de competencia no se abrirá debate para ello. El juez decreta un receso hasta las 15:30 horas para resolver las medidas cautelares y el plazo de investigación.

14:26.- Se le da la palabra a la fiscal Huerta, quien opina que el tribunal es competente de conocer la causa, pese a que hay involucrados oficiales de la Armada. Señala también que ya hay resoluciones del juzgado que lo avalan.

14:24.- Antes de resolver, el magistrado le pregunta al abogado Raúl Meza que ingresó un incidente de competencia. No obstante, el jurista declina en hacerlo. Recordemos que en el receso señaló que no lo haría por la opinión que tiene el juez Urrutia de la justicia militar aplicada a civiles.

14:21.- La fiscal Solange Huerta pide ocho meses en atención a las demás causas que se deben cubrir en el Ministerio Público.

14:20.- Al respecto, los demás defensores piensan en seis y ocho meses, se lo exponen al tribunal.

14:17.- Antes de determinar el plazo de investigación, el juez Urrutia pide que las defensas den su opinión. El abogado del ex director del SHOA pide al menos ocho meses más para que la fiscalía especifique, caso a caso, las muertes que se le imputan a cada uno.

14:15.- Termina la etapa de réplicas.

14:12.- Califica el comportamiento de su cliente como prudente y juiciosa, algo "que se le exige al hombre medio".

14:09.- Se reanuda la audiencia. Habla el abogado Humberto Montiglio, que representa a Carlos Aranda, funcionario de Sismología.

13:06.- Meza, quien había anunciado que solicitaría la incompetencia del tribunal, dijo que tras antecedentes sobre la participación del magistrado Daniel Urrutia en un seminario en el que habría opinado que la justicia militar sólo se puede aplicar a civiles en un estado de guerra, declinará de solicitar ante esta sede judicial que la causa sea tramitada en un tribunal naval.

13:03.- "Si él hubiera acatado el aviso de los mandos técnicos habría habido menos víctimas (...) ¿Aquí se provilegiaron costos políticos o costos de personas?", cuestionó.

13:00.- En las afueras del tribunal, el abogado querellante Raúl Meza sostiene que el ex subsecretario era la "máxima autoridad política en la Onemi" durante esa madrugada.

12:59.- Nuevo receso decretado por el juez Urrutia, quien retomará la audiencia a las 14:00 horas. Adelanta que en la segunda etapa se fijarán las medidas cautelares, discutirá el plazo de investigación y debatirá la competencia de la justicia civil en este caso o si envía la indagatoria a la justicia naval.

12:57.- Donoso rechaza nuevamente la petición de prisión preventiva en contra de Rosende y los demás imputados por no configurarse los presupuestos materiales para dar curso a esta medida cautelar.

12:54.- Acusa imprecisión de la fiscalía entre los hechos y la causalidad, pues a todos los imputados se les levantaron cargos por una situación general y no con el detalle de qué fallecimientos son adjudicados en forma individual.

12:51.- Hace uso de la palabra el abogado Samuel Donoso, quien defiende al ex subsecretario Patricio Rosende. Reitera que el plan de emergencia nacional no tiene el valor de una ley o un reglamento como lo señala la Constitución.

12:48.- Dice que el Ministerio Público no se hizo cargo de individualizar cada víctima con cada imputación y que seguía generalizando la información.

12:45.- Interviene Carlos Castro, quien representa a Johaziel Jamett, ex jefe del Centro de Alerta Temprana (CAT) dependiente de la Onemi. Insiste en los problemas ocasionados por la caída de las redes telefónicas.

12:42.- Ahora el abogado de Osvaldo Malfanti, jefe de turno de la Onemi. Defiende que su representado dejó las funciones de su cargo cuando llegaron sus jefes y asegura haber escuchado la cancelación de la alerta por parte del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.

12:37.- Según el jurista, su representada tenía la obligación de reafirmar la información que decía en el fax del SHOA, que ingresó a las 04:07 horas.

12:33.- Luego del profesional, toma la palabra Luciano Fouillioux, representante de la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, quien justifica el actuar de su defendida.

12:26.- A su turno, Lisandro Godoy, defensa del ex teniente de la Armada Mario Andina, descarta que se omitieran los datos entregados por los cabos del SHOA.

12:19.- Añade que los datos del Pacific Tsunami Warning Center están a disposición, pero ello no obliga al SHOA a hacerlo en términos jurídicos.

12:18.- Vial señala que el Ministerio Público no ha señalado nada respecto al nexo de causalidad con los imputados.

12:15.- Fustiga que la fiscalía quiera atribuirle la calidad de asesor principal del director del SHOA por haber estado de guardia, siendo que según ella se había traspadado horas antes ese mando.

12:14.- Paula Vial, abogada del ex jefe de turno del SHOA, Andrés Enríquez, comienza su réplica y acusa al Ministerio Público de especulaciones respecto a las conductas exigibles del imputado.

12:09.- El jurista reitera los planteamientos de las defensas de los imputados, de responsabilizar a Cecilia Zelaya en la entrega de información errónea durante esa madrugada en que -se le acusa- habría asesorado al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.

12:03.- Tras los descagos del jurista, toma la palabra el defensor Felipe de la Fuente, representante del ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Mariano Rojas.

11:59.- Montecinos dijo que el actuar de la Marina era impresentable y que no puede creer que aún no se hayan asumido en el alto mando la responsabilidad en esta tragedia.

11:55.- Parafrasea una declaración judicial de un marino, quien dice que corrió al cerro tras tener información del maremoto y ejemplifica que en ese caso se siguió el refrán de "marino que arranca sirve para otro tsunami".

11:54.- El abogado da paso a la alocución de su colega, Víctor Montecinos, quien representa a cinco víctimas de Juan Fernández. El querellante cuestiona el actuar de la Armada esa madrugada.

11:48.- Meza sostiene que le da carácter de mayor gravedad el que se trate de funcionarios públicos que debían velar por el cuidado de la población: "Incumplieron un deber consagrado en la ley (...). La población estaba en manos de estos funcionarios públicos en esa emergencia nacional".

11:45.- "Todos los imputados se convirtieron en garantes de la población civil", afirma Meza, en relación a los actos negligentes de funcionarios de SHOA y la Oficina Nacional de Emergencia, que asumieron un riesgo y fallaron, por lo que deberían hacerse cargo de las conductas omisivas y, por ende, culposa.

11:42.- Ahora, toma la palabra el abogado Raúl Meza, el único querellante que pidió prisión preventiva para los imputados.

11:39.- Asimismo, el abogado señala que Rosende debe ser asesorado por los organismos técnicos pero él debía ordenar una evacuación en su calidad de autoridad con potestad para tomar las decisiones.

11:40.- También cuestiona que la defensa de Rosende haya señalado que la Onemi era un organismo descolgado administrativamente y le recordó que depende el Ministerio del Interior, que tiene que fiscalizarlo.

11:38.- Fairlie refuta además que la ex autoridad haya actuado con "prudencia" como dice su defensa y acusó que ni siquiera tuvo sentido común.

11:37.- El jurista apunta sus dardos a la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, señalando que la lógica era que ella aplicara los protocolos del plan de protección civil.

11:35.- Toma la palabra el abogado Carlos Fairlie, quien representa a diputados oficialistas y critica que se compare a Chile con Japón. Recuerda que en Iloca un cabo dio alerta de maremoto con un megáfono y no hubo ninguna víctima.

11:31.- Morgado explica que en el caso de Juan Fernández un actuar diligente habría salvado todas las vidas.

11:28.- Se reinicia la audiencia y toma la palabra el abogado querellante Alfredo Morgado, quien detalla las circunstancias en Juan Fernández donde la capitanía de puerto nunca recibió alerta de tsunami, pese a que sí se enteraron del terremoto que no fue perceptible en el archipiélago.

11:24.- "Vengo en el Día de la Madre a mostrarle esta imagen a Carmen Fernández para que sepa que ella tiene quien la salude hoy y que yo por su culpa ya no tengo a mi hijo, que era el sostén de mi familia y quien seguramente me estaría abrazando un día como hoy", señaló la mujer.

11:22.- Julia Rojas en conversación con Emol dijo que venía con la fotografía de su hijo Claudio Ponce, quien falleció en Pichilemu a causa del tsunami el 27-F.

11:19.- En las afueras de tribunales, un grupo de familiares de una de las víctimas esperan a los imputados.

10:57.- El juez Urrutia decreta un receso de 20 minutos.

10:54.- Para el Ministerio Público, según la investigadora, al cambiar el estado procesal de estar formalizados se debe asegurar la comparecencia de los imputados, por lo que la necesidad de cautela se vuelve nítida.

10:52.- La fiscal Huerta recuerda la conversación entre Carmen Fernández y Patricio Rosende en la que la primera advierte la necesidad de evacuar la población, ante lo cual el ex subsecretario del Interior le responde a la ex directora de la Onemi si acaso está loca.

10:50.- Cuestiona también a la Onemi por validar toda la información más de siete veces en dos horas, y no considerar la del archipiélago Juan Fernández. Dice que bastaba con considerar a un observador calificado, de los cuales -añade- hubo muchos aquella madrugada del 27-F.

10:48.- Huerta indica que en términos hipotéticos se puede deducir que los datos radiales del SHOA eran información de campo a la Onemi, que llamó a confusión, pero no un descarte.

10:44.- Sobre las personas de la Onemi a las que se le tomó declaración, 18 funcionarios aseguraron que nunca escucharon la cancelación de alerta de tsunami.

10:42.- Para la fiscal, el primer fax del SHOA es una alerta y plantea que, si la Onemi no lo entendió, "es otra cosa".

10:40.- La prosecutora Huerta explica que el Servicio Hidrográfico sólo emite cuatro tipos de documentos a la Onemi: Mensaje informativo, de alerta, de alarma y cancelación.

10:38.- Sobre la hipótesis plateada por la defensa, de que lo que emitía el PTWC era sólo "referencial", la fiscal Huerta lo descarta, ya que para la legislación chilena esos boletines eran vinculantes y obligatorios, "no meras sugerencias".

10:37.- Huerta dice que la alerta debería haberse mantenido durante 12 horas como protocolo y sólo se debería haber bajado en caso de que algún mareógrafo demostrara que no hubo cambios en las mareas, situación que no ocurrió.

10:36.- Parafrasea declaraciones de los cabos que estaban ese día en el SHOA, quienes decían tener listo un documento de alerta y no entendían porqué los oficiales no lo enviaron.

10:35.- En la investigación se acreditó que la cancelación de la alerta de tsunami pasó por los oficiales Rojas, Enríquez y Andina, quienes estaban en la sala del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM).

10:33.- Huerta aclara respecto a la testigo Cecilia Zelaya, que todas las defensas la culpan de haber asesorado también al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. "Si alguien del SHOA hubiera querido escuchar a Zelaya la habrían llamado", dice, asegurando que en el tráfico de llamada sólo aparecen los intentos de la oceanógrafa por comunicarse con la repartición.

10:32.- Respecto al SHOA, la fiscal sostiene que los imputados tenían definido cuándo debían aplicar la alerta. "No tenían nada que interpretar, tenían que aplicar", subraya.

10:31.- Sobre el deber moral versus el jurídico, Huerta dice que nadie llegó a la Onemi, al COE o al SHOA, porque fueran buenas personas, todos tenían la obligación de concurrir.

10:29.- Reconoce que existieron problemas de las comunicaciones y objeta a las defensas que quieren plantear que la incomunicación fue completa. Asegura además que no todas las capitanías de puerto estuvieron incomunicadas como plantean los imputados del SHOA, y ejemplifica que la de Juan Fernández estuvo operativa hasta minutos antes del tsunami.

10:26.- Sobre la inexistencia de reglamento que alegaron algunos abogados, Huerta dice que la ley pide que sea una norma general que sea conocida por las autoridades y que dé obligaciones a ciertas personas.

10:22.- Rebate a los defensores que plantearon que si se daba la alerta de tsunami hubiese sido más catástrofico. La prosecutora señala que eso no es así, "nadie puede excusarse en el riesgo de confianza si no se han cumplido las reglas".

10:21.- La fiscal Solange Huerta comienza señalando que no hay imprecisiones en lo que ha planteado el Ministerio Público.

10:19.- El juez Urrutia da curso a la fase de réplicas comenzando por el Ministerio Público. Antes decreta un pequeño receso.

10:17.- Respecto a la petición de prisión preventiva de un querellante, Montiglio la calificó como desproporcionada.

10:15.- Sobre la necesidad de cautela, el abogado dice que en el caso del funcionario de Sismología no existe, pues en su opinión el Ministerio Público no dio a conocer ningún elemento de cargo para justificarla.

10:13.- Dice además que nunca contó con elementos e información que le permitieran dudar y se dejó guiar por el principio de la confianza para poder emitir una opinión.

10:11.- Montiglio explicó que Aranda actuó con "la prudencia de un hombre medio".

10:09.- Además, explica que en la Onemi nunca le compartieron toda la información a Aranda, sobre -por ejemplo- la información de Carabineros sobre la olas destructivas que ya a esa hora había afectado al archipiélago Juan Fernández.

10:03.- "Mi representado tiene mucha experiencia", señala Montiglio para enfrentar los cuestionamientos del Ministerio Público que lo critica por no haber advertido que su profesión era de ingeniero y no geógrafo o sismólogo.

10:00.- El abogado repasa la intervención de Aranda, donde señala que pasadas las seis de la mañana le dice al COE que de haberse producido un maremoto, éste ya debió haber ocurrido. Defiende que no era labor de su cliente buscar más información como lo debía hacer la Onemi. "Él sólo habló desde la experiencia que tenía", esgrime.

09:58.- "La exigencia de asesorar a la autoridad con la información que había en ese momento fue un deber ineludible para mi representado", dice Montiglio.

09:56.- Parafrasea la declaración de Aranda, donde confiesa haberse sentido obligado a entregar información a la ex presidenta bachelet, y aclara que lo hizo por ser el representante del organismo técnico de Sismología.

09:55.- "Cumplió a cabalidad las funciones que le atribuía el plan nacional de protección civil que le indicaba que tenía que monitorear y entregar información del fenómeno sismo que afecta a las regiones y dar cuenta del estado de situación de daños y necesidades", recalca el profesional.

09:54.- Montiglio refuta además los reglamentos alegados por la fiscalía, que acusan a los imputados de haberlos infringido, luego los enumera y asegura que en la mayoría de ellos no se hace referencia al actuar del Servicio de Sismología.

09:50.- El jurista señala que la participación del funcionario, en la práctica, nunca provocó un daño a la población que se pueda relacionar a las muertes por el tsunami y a los cuasidelitos de homicidio imputados.

09:49.- "Tenemos información entregada, incluso por un querellante, sobre personas que estaban en los cerros y que escuchan a la autoridad que no había peligro, razón por la cual bajaban y terminaban falleciendo. Pero eso -añade- ocurre mucho antes de la participación de Aranda en el COE".

09:48.- "Se imputa un hecho atípico, no hay relación de causalidad con el daño", dice el jurista, quien apunta que a las 04:07 horas del 27-F la autoridad tenía la oportunidad que de haber alertado a la población, pero en ese momento la asesoría de Aranda no fue requerida.

09:46.- Montiglio sitúa el contexto y señala que el COE contacta a su representado cuando la última ola destructiva del tsunami ya había afectado a las costas del país y las autoridades descartaban la alerta de maremoto. A juicio de los abogados, los hechos que se le imputan al funcionario de Sismología son atemporales a su actuación.

09:43.- El jurista pasa la palabra a su colega Humberto Montiglio, quien inicia la fase de defensa haciéndose cargo de los elementos de imputación objetiva de Aranda.

09:42.- Piddo destaca que a las 06:00 de la mañana fue requerido por las autoridades del organismo central, donde recibe el fax de las 06:25 del SHOA y unos minutos después la autoridad le pidió que expusiera ante el Comité de Operaciones de Emergencia.

09:39.- Pese a no tener la obligación de integrar el COE, Aranda -dice su abogado- llegó a la Onemi a las 04:00 horas, siendo uno de los primeros en entregar datos del sismo.

09:38.- Desde ese punto de vista, Piddo defiende que el Estado de Chile en esa época debía esperar que el servicio le entregara esta información como enlace a distancia en el horario que funcionaba la entidad, de Lunes a viernes en horario de trabajo.

09:36.- Dentro del Plan de Enlace Nacional de Emergencia, según el jurista, la obligación del organismo de la U. de Chile es hacer fluir la información registrada en los instrumentos al Comité de Operaciones de Emergencia (COE).

09:34.- Piddo recalca que hasta el terremoto el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile no funcionaba con turnos.

09:33.- El abogado dice no entender porqué la fiscalía no critica también o no da cuenta que el director del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) es licenciado en Bellas Artes y, sin embargo, no se le cuestiona.

09:31.- Piddo critica que el Ministerio Público "rasgue vestiduras" señalando que Aranda es ingeniero y no sismólogo.

09:28.- En su calidad de Jefe de Operaciones del Servicio Sismológico, recuerda Piddo, ahí le tocó vivir el tsunami en el fiordo de Aysén. A su juicio, esto demuestra su experiencia teórica y además vivencial, justificando el porqué la madrugada del 27-F se le presenta como experto ante el COE. Situación que es criticada por la fiscalía, que lo acusa de no tener los conocimientos idóneos por ser ingeniero eléctrico.

09:27.- En agosto de 2001, Aranda decidió regresar definitivamente a Chile y comienza a trabajar en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile.

09:25.- Durante ese tiempo, según el abogado, recibe continua capacitación y cursos de sismología, llegando incluso a ser profesor universitario en el área.

09:23.- El jurista explica que durante 20 años estuvo a cargo de la red de sismología en esa nación, que tiene 25 estaciones repartidas en Noruega y en las islas del Ártico.

09:22.- Piddo expone el currículum del funcionario y ratifica que se tituló como ingeniero eléctrico en 1984 y su paso por el Institituto de Geociencia en Noruega.

09:20.- El jurista solicita recordar los cargos que la fiscalía levantó contra su representado: sin tener los conocimientos necesarios entregó información al Centro de Operaciones de Emergencia y debía asesorar a las autoridades que enfrentaban la catástrofe en la Onemi.

09:13.- Hoy es el turno de Patricio Piddo, el abogado de Carlos Aranda, el funcionario de Sismología de la Universidad de Chile que estuvo durante la madrugada de la catástrofe en la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).

09:05.- El juez Daniel Urrutia abre la audiencia y pide que los intervinientes se identifiquen.

08:47.- En paralelo, el diputado Matías Walker (DC) acusó a la UDI de elaborar una "maniobra comunicacional" tras citar a declarar al ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, a la comisión investigadora del terremoto del 27-F.

08:33.- Ayer, los abogados defensores de Carmen Fernández (ex directora de la Onemi) y Patricio Rosende (ex subsecretario del Interior) presentaron sus descargos y objetaron la prisión preventiva que solicita la fiscalía en contra de los ocho imputados.