Solange Huerta, fiscal del caso Tsunami.
Ana María González, El MercurioSANTIAGO.- Uno de los abogados querellantes en el caso Tsunami, Raúl Meza, anunció que solicitará la inhabilidad de la fiscal Solange Huerta ya que, a su juicio, "carece de la imparcialidad necesaria" para dirigir la investigación por la fallida alarma de maremoto el 27 de febrero de 2010.
El abogado anunció que acudirá este lunes donde el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, para pedir formalmente que la persecutora sea marginada del caso.
El abogado sostuvo que su petición se fundamenta en la entrevista que publicó hoy el diario "El Mercurio", donde la fiscal Huerta descarta que la ex Presidenta Michelle Bachelet pueda ser imputada en el caso Tsunami.
"No le puedo tomar declaración como imputada a una persona que, desde lo jurídico, nunca va tener esa calidad dentro del proceso", afirmó la persecutora.
A juicio de Meza, la fiscal "al hacer tan categórica y absoluta afirmación sobre la falta de responsabilidad penal de la Sra. Bachelet anticipa equívocamente juicios de carácter penal respecto de personas que intervienen directamente en los hechos que se investigan".
En esa línea, sostiene que "la anticipación de juicios penales eximentes de responsabilidad penal respecto de la Sra. Bachelte configuran una evidente y manifiesta falta de imparcialidad del órgano persecutor penal, que lo inhabilita para seguir conociendo de los hechos y los ilícitos penales que se están investigando".
Junto con la petición que hará al Fiscal Nacional, el abogado querellante también solicitará al Séptimo Juzgado de Garantía que se pronuncie sobre una eventual falta de imparcialidad de la Fiscalía durante la investigación. Esto debido a "la negación permanente y sistemática, en seis oportunidades, para que la ex Presidenta Michelle Bachelet declare en la calidad de imputado en la causa y sea sometida a un extenso interrogatorio por parte del querellante".
En la entrevista a "El Mercurio" la fiscal Huerta explicó que no corresponde formalizar a la ex Mandataria ya que, desde el punto de vista legal, "el rol asignado al Presidente en el Plan Nacional de Emergencia es de vocería" mientras que "la máxima autoridad en términos de mando está radicada en el ministro del Interior, o si no, en el subsecretario".
Añadió que en la Fiscalía "investigamos hechos que configuren un delito. Si hay otro tipo de responsabilidades que se quieran perseguir, como las políticas, eso es ámbito de otro tipo de autoridad, como en este caso el Congreso".