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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 12:26
Imágenes de la marcha estudiantil del 4 de agosto de 2011 que no tuvo autorización de la autoridad y se convirtió en una protesta a nivel nacional.
Jorge Sepúlveda, El Mercurio.SANTIAGO.- Este martes a las 15:00 horas se desarrollará en el Séptimo Juzgado de Garantía la audiencia en la que el fiscal Ernesto Vásquez comunicará a la justicia que no perseverará la investigación en contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y la intendenta Cecilia Pérez, por la represión policial que se vivió el 4 de agosto de 2011 en el marco del movimiento estudiantil.
La causa se había abierto luego de una querella presentada por el abogado Rodrigo Román en representación de los dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) quienes acusaron que el comportamiento de Carabineros fue desproporcionado luego que la Intendencia Metropolitana no autorizada una marcha y aún así los estudiantes salieran a las calles.
Entre las pruebas -que fueron allegadas a la causa- están videos en los que se muestra el actuar de la policía uniformada que en muchos casos ingresó hasta edificios sin autorización para dar con manifestantes, además se constataron lesiones por personas que dicen haber sido agredidas por Fuerzas Especiales.
El abogado Román, más que apuntar a la responsabilidad de Carabineros, quiso hacerlo con las autoridades encargadas de la seguridad pública y quienes habrían dado las órdenes a la policía de controlar a los manifestantes que no contaban con autorización para la marcha.
En la querella se relataba no sólo la responsabilidad política, sino también criminal de Hinzpeter y Pérez en los presuntos excesos de las fuerzas de orden.
Pese a esto, tras meses de indagatoria la Fiscalía Centro Norte decidió no perseverar en la causa y enviar los antecedentes de eventuales delitos cometidos por personal policial a la justicia militar, debido a que el Ministerio Público se declaró incompetente de juzgar a uniformados.
Esta tarde, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago deberá escuchar a las partes por esta decisión judicial y además pronunciarse sobre la competencia, es decir, si la causa contra la policía seguirá siendo tramitada por la justicia ordinaria o es enviada definitivamente a la fiscalía militar.
