SANTIAGO.- Este lunes entró en vigor la normativa que regula la instalación de antenas celulares, que impone nuevas exigencias a las empresas y otorga mayor participación ciudadana sobre estas estructuras.
Los ministros de Vivienda y Urbanismo y Transportes y Telecomunicaciones, Rodrigo Pérez y Pedro Pablo Errázuriz, respectivamente, valoraron que la Ley de Torres reduce el impacto urbanístico de las antenas, abre espacios de participación ciudadana a nivel local de forma previa a la entrega de los permisos municipales, y cautela de forma preventiva la salud de las personas, según las normativas más estrictas de la OCDE.
El titular del Minvu indicó que las empresas deberán cumplir con "estudios técnicos y una serie de obligaciones urbanísticas que deberán cumplir e informar las empresas a los municipios y vecinos, quienes tendrán un rol clave a la hora de definir qué medidas de mitigación o compensación acompañarán cada proyecto de instalación de torres".
Mientras que Errázuriz sostuvo que a lo anterior se suma que esta ley "se hace cargo de la salud de las personas de forma precautoria como recomienda la Organización Mundial de la Salud, fijando límites estrictos a las potencias de las antenas".
En la ocasión el secretario de Estado recordó que "Chile se ha puesto entre los países más exigentes del mundo en para instalar las antenas", lo que "se armoniza el respeto al entorno urbano y calidad de vida de los vecinos, con el indispensable despliegue de infraestructura para servicios de telecomunicaciones que demandan los usuarios y que necesita el país".
Entre los aspectos más relevantes de la nueva ley están los incentivos y opciones que entrega a las empresas para usar soportes de menor altura, menos invasivos, con diseños acordes al paisaje urbano o para usar infraestructura de terceros ya existentes en las ciudades, evitando los bosques de antenas.