Trabajador de la Fiscalía Sur sancionado por ex fiscal Peña acusa irregularidad en sumario

SANTIAGO.- Tres años se cumplieron desde que el funcionario administrativo de la Fiscalía Sur César Soto fuera sancionado porque supuestamente habría entregado datos de investigaciones penales al abogado Ariel Marín, quien luego fue condenado por integrar la banda de narcos llamada "Los Car'e Jarro".

Sus compañeros de trabajo acusan que Soto fue víctima de un "montaje" y a propósito de los cuestionamientos al ex fiscal regional Alejandro Peña por su labor en el denominado caso Bombas, los funcionarios de la Fiscalía Sur exigen que se aclaren las irregularidades en el sumario a este administrativo que fue sancionado y apartado de la institución en 2009.

César Soto era secretario y co-fundador de la Asociación de Funcionarios de esa repartición, una de las primeras instancias gremiales que se alzó en la Región Metropolitana tras la entrega en vigencia de la reforma procesal penal en esta zona.

La agrupación fue víctima de una práctica antisindical por parte del entonces jefe regional, Alejandro Peña, quien incluso fue amonestado por el Fiscal Nacional tras comprobarse que había ordenado a los fiscales jefes de esa zona a incitar a los trabajadores a desafiliarse de la instancia gremial.

Por tales motivos es que la dirigenta Paulina Ruiz cree que a modo de venganza, se usó la figura de Soto para cuestionar su labor y acusarlo de violar el secreto de una investigación además de señalar que él era parte de la red de narcos situación que nunca se comprobó ante un tribunal.

"César Soto fue consignado en diversos medios de prensa como 'vínculo narco', en el contexto de la indagatoria que en esa fecha se llevaba a cabo para condenar a los  integrantes de la banda de narcotraficantes ya aludida.  Lo anterior sin que existiera resultado de investigación alguna", dijo la asociación en un comunicado.

Junto con ello recordaron que "tras una causa penal abierta en su contra, el ex fiscal Peña pidió que el funcionario fuera suspendido, luego sumariado y finalmente removido de su cargo. Sin embargo, a más de tres años de los hechos dicha causa estaría terminada, sin que mediara formalización ni responsabilidad penal alguna, quedando demostrada así la inocencia del afectado en relación a todos los cargos que  le pudieran haber  imputado".

Los trabajadores del Ministerio Público de esta zona piden que las autoridades compensen el daño causado a este funcionario quien "luego de ser arbitrariamente anexado como miembro de una banda delictual, fue  víctima del escarnio público: No sólo perdió su trabajo, vivienda y el hijo que venía en camino, también su honra, poniendo en riesgo así  su integridad física y psíquica al colocarlo en un escenario de vulneración de derechos fundamentales para cualquier ser humano".   

En reiteradas ocasiones, los funcionarios han recurrido al Fiscal Nacional Sabas Chahuán a quien le han pedido que revierta lo obrado por el entonces fiscal Peña, que se investigue a quiénes lo hostigaron, que se le reincorpore a sus funciones en el Ministerio Publico y que se difunda la inocencia del ex dirigente.