SANTIAGO.- La Corte Suprema determinó que la empresa Metro deberá pagar una indemnización de $47.500.000 a los autores de una obra que fue destruida en una de sus estaciones previa a ser exhibida públicamente.
En fallo unánime, los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal -Adalis Oyarzún, Guillermo Silva, Carlos Cerda (suplente), Alfredo Pfeiffer (suplente) y la abogada integrante Maricruz Gómez de la Torre- acogieron el recurso de casación presentado por José Hernández Cerda y Raimundo Hamilton Cruchaga, creadores de un artefacto denominado Mobile-Mobile.
El dictamen determina la responsabilidad del tren subterráneo en la destrucción de la obra, que sería exhibida en la estación Quinta Normal, en octubre de 2007, y que fue destruida un día antes del inicio de la muestra.
Los ministros concluyeron que la conducta de Metro de Santiago "no se adecuó al estándar mínimo de conducta exigible a las personas de poca prudencia y cuidado".
"No siguió un protocolo mínimo de seguridad" después de haberse efectuado el robo de los celulares, como es el haber llamado a Carabineros para que hicieran las investigaciones correspondientes, o el haber desmantelado la obra artística tecnológica Mobile-Mobile sin el menor cuidado, destruyéndola completamente, o al menos haber llamado a los demandantes para avisarles del incidente", añade el fallo.
La resolución agrega: "Según la ley, el depositario es responsable de la custodia y conservación de los efectos sobre que versa el depósito, cualquiera que sea el objeto con que se haya entregado, y debe indemnizar cumplidamente al depositante por todos los daños y perjuicios que le sobrevengan por hecho o culpa suya".
Antecedentes
Durante 2007, José Hernández Cerda y Raimundo Hamilton Cruchaga crearon la obra Mobile-Mobile, consistente en la instalación de varios teléfonos celulares. Ésta era parte de una muestra que se exhibiría en la estación Quinta Normal, a partir del 6 de octubre.
Sin embargo, un día antes fueron sustraídos cuatro móviles que formaban parte de la pieza, procediendo los guardias del recinto a desarmar el resto de la estructura.
Las indemnizaciones se dividen en $7.500.000 por daño emergente y $20 millones para cada uno de los demandantes, por el daño moral provocado por la destrucción.