SANTIAGO.- Los diputados de Renovación Nacional (RN) Frank Sauerbaum y Cristian Monckeberg se reunirán este martes con el contralor general, Ramiro Mendoza, para analizar los alcances del informe que acredita tráfico de influencias dentro del Ministerio de Salud durante el Gobierno de la ex presidenta, Michelle Bachelet.
Tras revisar el informe de Contraloría evacuado el jueves recién pasado, para el diputado Sauerbaum queda demostrado cómo hubo recomendaciones directas, por parte del Ministerio de Salud, para contratar a la empresa Medwave, cuya propietaria es Vivienne Bachelet.
"Los montos de los contratos para esta empresa, que se dedicaba a capacitar a funcionarios del área de salud, para que posteriormente fueran a estudiar a Cuba, ascenderían a $513.564.350, de las cuales $ 150.054.305 habrían sido bajo la modalidad de trato directo y $363.51 0.045 mediante licitación", explicó el parlamentario.
Para el diputado, "es impresentable lo que nos señala Contraloría. Hay memorándums, mails y cartas que abiertamente recomiendan contratar sólo a esta empresa, y hay triquiñuelas para saltarse las licitaciones, como por ejemplo, entregar el dinero a cada funcionario para que éste cancelara directamente a la empresa".
Un memorándum del 23 de junio de 2009, expone que el Jefe de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas, instruye a los Servicios de Salud para efectuar los respectivos llamados a licitación pública, no obstante, se indica: A modo de referencia, se informa que la ejecución de la primera y segunda versión de este programa ha sido adjudicada a la OTEC Medwave Capacitación Ltda., cuyo diplomado en gestión del cuidado y cartera de servicios en enfermería, se ajusta a los términos de referencia definidos y ha tenido una muy buena evaluación de los participantes. "Claramente es una inducción a contratar los servicios", afirmó el legislador
"Otro de los hechos que detectó Contraloría fue que muchos de los profesionales involucrados tenían contratos en el Ministerio de Salud, y en 10 otras reparticiones del mismo sector, lo que claramente facilita el tráfico de influencias", dijo Sauerbaum.
El diputado oficialista explicó que según la ley 19.886, "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo", por lo que ahondará en el informe de la Contraloría.