La diputada Alejandra Sepúlveda (PRI) presidió la comisión que indagó el lucro en las universidades.
El MercurioVALPARAÍSO.- En una polémica votación, la sala de la Cámara de Diputados finalmente rechazó el informe de la comisión investigadora de la educación superior, que estableció que existen universidades privadas que vulneran la ley que prohíbe el lucro en esas instituciones.
El resultado de la votación fue 46 votos a favor –de los parlamentarios de oposición e independientes–, 45 en contra –de los diputados oficialistas– y una abstención, con lo que se dio por rechazado el informe. Esto debido a que –por reglamento– el voto de abstención en este caso se debió sumar a los de rechazo, con lo que se produjo un empate, el que a su vez impidió aprobar el informe.
Sin embargo, los parlamentarios de oposición reclamaron que el diputado que emitió el voto de abstención -Gaspar Rivas (RN)- se retiró de su asiento apenas realizó esta acción y no estuvo presente en el momento en que se contabilizaron los votos, como establece el reglamento, por lo que el suyo no era válido y pedían repetir la votación.
Ante el hecho, el presidente de la Cámara, Nicolás Monckeberg (RN), decidió suspender la sesión para analizar el tema. Finalmente, decidió mantener el resultado de la votación, argumentando que "no hay ninguna norma expresa que me de facultades para anular el voto válidamente emitido por un parlamentario, por el solo hecho de haber escuchado el resultado fuera de la sala".
De esta forma se confirmó el rechazo de la sala a las conclusiones del informe, de cerca de 500 páginas, que fue elaborado por la comisión tras siete meses de investigación. El documento indica que existen antecedentes de al menos siete universidades privadas que habrían vulnerado la ley que prohíbe el lucro, mediante diversos mecanismos, incluyendo sociedades espejo, ventas, altos sueldos y alza de aranceles.
Pese a la derrota en la Cámara, los antecedentes recabados por la comisión investigadora se encuentran en manos del Ministerio Público, que está investigando los hechos, luego de que la diputada Alejandra Sepúlveda -quien presidió la comisión- presentara una querella criminal ante el fiscal nacional, Sabas Chahuán.
Oposición defiende "rigurosidad" del informe
Uno de los principales puntos que criticaron los diputados oficialistas a la hora de rechazar el informe es que se decidiera incluir el nombre de algunas universidades específicas lo que, a su juicio, "vulnera la presunción de inocencia", a lo que se suma la falta de antecedentes para asegurar que existe lucro.
"Las conclusiones (del informe) fueron muy aventuradas, eso no quiere decir que no haya lucro en las Ues, es posible que haya, pero con este informe no se puede concluir eso", manifestó el diputado Germán Becker (RN). En tanto, el diputado Alberto Cardemil (RN) sostuvo que el informe tiene "un sesgo ideológico" y un "doble estándar", ya que sólo apuntó a las universidades privadas y no así a las estatales.
En la vereda contraria, la diputada Alejandra Sepúlveda (PRI) refutó las críticas y defendió la rigurosidad del informe. "Después de siete meses de investigación y después de escuchar a más de 70 personas, decimos tajantemente que existe lucro en la educación superior chilena", aseveró la parlamentaria, quien calificó la situación como "una vergüenza nacional".
Defendió además la decisión de nombrar a las universidades sobre las que existían antecedentes, afirmando que "no vamos a renunciar a nuestra capacidad fiscalizadora de denunciar con nombre y apellido a aquellas universidades y decir qué están haciendo con el bolsillo de las familias chilenas".
"No hay peor ciego que el que no quiere ver (...) porque ustedes saben que aquí hay lucro en la educación superior chilena y quién lo niegue no vive en este país. Y aquél diputado que no quiera ver esto y que se siente a votar en contra de este informe, va a ser deshonesto consigo mismo", subrayó.
En la misma línea, el diputado Marcelo Díaz (PS) sostuvo que "este informe dice una verdad del porte de una catedral: que existe el lucro en las universidades. No aprobar este informe significa negar una realidad que es incontestable (...) En el grueso de las universidades privadas hay un negocio pujante, que sume en la pobreza a los estudiantes y sus familias".
Los parlamentarios de oposición también criticaron la ausencia del ministro de Educación, Harald Beyer, en la sesión y la actitud que ha tenido hacia el informe de la comisión. "Le tenemos que pedir al ministro de Educación que cambie de actitud o si no lo vamos a considerar un cómplice de este sistema, por su silencio, y por no haber hecho lo que tenía que hacer", subrayó el diputado Rodrigo González (PPD).