Bancadas de la UDI y RN dicen que informe sobre el lucro tenía "vicios de ilegalidad"

SANTIAGO.- El jefe de la bancada de diputados de la UDI, Felipe Ward, junto a su par de RN, Alberto Cardemil, emitieron este jueves una declaración conjunta en la que explicaron las razones que tuvo el oficialismo para rechazar el informe final sobre el lucro en las universidades privadas, el cual a su juicio tenía "vicios de ilegalidad", "irregularidades" y un claro "sesgo ideológico" en sus conclusiones. 

Al respecto, los parlamentarios señalaron que "estamos en presencia de un informe que contiene vicios inaceptables de ilegalidad y no cumple con los requisitos mínimos de rigurosidad, imparcialidad, omisión de antecedentes y falta de objetividad en la selección de invitados por todo lo cual nuestros Diputados votaron su rechazo".

En la misiva, los legisladores argumentaron que el informe "excede las facultades otorgadas por la Constitución", ya que sus conclusiones "transgreden el marco constitucional de las comisiones investigadoras” al apuntar a particulares y no a actos de gobierno, como establece la Constitución. 

"Ningún país civilizado admite que la imputación de delitos a los privados corra por cuenta de una asamblea política. Ello corresponde a un tribunal independiente e imparcial", reza el texto, junto con declarar que el informe vulnera la presunción de inocencia consagrada la Constitución, ya que coloca entre sus objetivos "'determinar la legalidad del instrumento usado por las universidades para lucrar con la educación terciaria', presumiendo actos ilegales como hechos consumados previo al desarrollo de la misma investigación".

Además, los diputados señalaron que no hay antecedentes formales que acrediten las denuncias establecidas por la Comisión, ya que "ni el Contralor General de la República, ni el Director del Servicio de Impuestos Internos ni nadie afirmó en sentido alguno estar en presencia de un hecho ilícito con caracteres de delito".

"No se consignan denuncias formales ante el Ministerio Público o la Contraloría General de la República, pese a que el objeto central era confirmar las denuncias de infracciones a la ley por parte de las instituciones de educación superior", agregaron, junto con criticar que las conclusiones del informe se basan en la exposición de la periodista María Olivia Monckeberg, quien como directiva de la Universidad de Chile representa a una institución que forma parte del proceso investigativo.

Ward y Cardemil añadieron que el informe posee un sesgo ideológico importante, ya que ven un "doble estándar" al poner énfasis en la investigación a instituciones privadas por sobre las estatales, omitiendo la presencia de lucro en esas universidades y sin considerar los avances de calidad logrado por las ues privadas.

Finalmente, dudaron de la nómina de invitados a la comisión, ya que "no se invitó a ninguno de los expertos educacionales más reconocidos del país, como es el caso de José Joaquín Brunner, Gregory Elacqua, o incluso, Harald Beyer", en desmedro de académicos como Manuel Riesco, ligado al PC y quien a su juicio "generalizó críticas sobre el sistema de educación superior, sin aportar mayores antecedentes formales o citas bibliográficas que respaldasen sus aseveraciones".